Así lo informó este martes la Dirección General de Seguridad turca en un comunicado en el que precisa que la decisión fue adoptada en concordancia con la ley del estado de emergencia y que 2.523 de los agentes afectados tienen rangos de oficiales y directores.
La Dirección de Seguridad investigará a cada policía suspendido, que será a su vez despedido si se verifica su vinculación con la cofradía de Gülen, indicaron las autoridades.
Según el canal NTV, en los dos meses y medio transcurridos desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio unos 130.000 empleados públicos fueron suspendidos de sus cargos.
El Consejo de Ministros de Turquía decidió el lunes prorrogar otros 90 días el estado de emergencia proclamado el 20 de julio.
El presidente, Recep Tayyip Erdogan, declaró el jueves pasado que puede ser necesario alargar esta situación "hasta 12 meses" para combatir la red de simpatizantes de Gülen, quien vive en Estados Unidos desde 1999, por lo que Ankara pidió su extradición.
Bajo el estado de emergencia, el Gobierno tiene potestad de emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios, sin que estas decisiones puedan ser recurridas ante la Justicia.
