La prórroga se declarará el próximo 19 de octubre, cuando concluyan los primeros tres meses de la medida y tendrá que ser refrendada por el Parlamento, algo que se prevé, según informó la agencia de noticias EFE, como un trámite para el partido gubernamental, el islamista AKP, que tiene la mayoría.
El jueves pasado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que puede ser necesario extender la prórroga "hasta 12 meses" para combatir la red de simpatizantes del predicador Fethullah Gülen, al que Ankara considera responsable del intento de golpe.
Por su parte, el líder del principal partido de la oposición el socialdemócrata CHP, Kemal Kilicdaroglu, criticó el viernes duramente esta actitud y anunció que su partido votará en contra.
Según el artículo 121 de la Constitución turca, la decisión formal de una prórroga debe ser tomada por el Parlamento y esa ampliación no puede exceder cuatro meses, aunque puede repetirse indefinidamente.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno tiene potestad de emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios, sin que estas decisiones puedan ser recurridas en la justicia.
Con este amparo legal y político y con el argumento de que la red gülenista estaba infiltrada en puestos claves de la administración, la justicia, el ejército, la policía y el sistema educativo inició una gigantesca purga y despidió a decenas de miles de personas.
Desde el 15 de julio, fecha del intento de golpe, Erdogan exoneró a 4451 militares, incluidos 151 generales y almirantes, y despidió o cambió de cargo a 3.390 jueces y fiscales.
Al mismo tiempo, y según datos oficiales, la purga de presuntos golpistas alcanzó a 80.000 empleados públicos, en su mayoría maestros, policías y empleados de ministerios.
Además unas 35.000 personas fueron detenidas para ser interrogadas y más de 17.000 de ellas ya fueron acusadas formalmente o procesadas, incluyendo a soldados, policías, jueces, fiscales y periodistas, lo que obligó a otorgar la libertad condicional a 38.000 presos con el fin de hacer espacio para los detenidos políticos.
Las detenciones en masa y las amplias purgas emprendidas por el gobierno de Erdogan despertaron críticas en la Unión Europea y de algunas organizaciones de derechos humanos.
