Según un informe de EAPN (European Anti Powerty Network), el 28,6% de la población en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, 13.334.573 personas. Las cifras arrojan, además, un hecho: la impactante desigualdad entre comunidades autónomas. Si en Andalucía y Murcia hablamos del 43,2% y del 38%, en Euskadi y Navarra del 17,6% y del 13% respectivamente.
En desigualdad, las noticias no son mucho mejores. Las comparaciones hablan por sí solas en el conocido informe emitido por el Foro Económico Mundial: la mitad más pobre de la población del mundo posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas. Oxfam Intermón informó, por su parte, de que España era el segundo país de la OCDE donde más había crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, solo por detrás de Chipre.
Los manifestantes convocados por organizaciones como Greenpeace, CGT, Attac o CONFER recorrerán el camino que separa Atocha de Cibeles alertando de que los principales retos actuales (la sostenibilidad y la erradicación de la desigualdad y la pobreza) están en manos de “decisiones políticas”. Advierten de que los acuerdos internacionales que se están negociando van en la dirección contraria: el “enriquecimiento de unos pocos” y el “aumento de las desigualdades”.
La oposición a esos tratados se basa, por ejemplo, en los posibles daños climáticos que podría ocasionar, por un lado, el TTIP. A su vez, el TISA, según la Red Internacional de Servicios Públicos, podría impedir la desprivatización de algunas competencias ahora privadas. De igual modo, la resistencia al CETA es consecuencia, en palabras del eurodiputado de Equo Florent Marcellesi, de la “reducción generalizada de los estándares de protección sociales, ambientales, culturales y laborales” que acarrearía su puesta en marcha.
*Por Miguel Gómez Garrido, La Marea
