Juan José Aranguren anunció en conferencia de prensa las modificaciones en el cuadro tarifario que trae aparejado el durísimo aumenta al gas. Además dio precisiones sobre la inclusión a la tarifa social del servicio de gas, como la incorporación de cualquier jubilado o trabajador con ingresos menores a dos salarios mínimos, personas electro-dependientes y veteranos de guerra.
Aranguren explicó en una conferencia de prensa que los cambios en el criterio de inclusión de tarifa social de gas incluye a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que cobren menos de dos salarios mínimos, es decir $ 15.120, en función de "no diferenciar" entre esas categorías.
Tal como se desprende de la resoluciones publicadas, el aumento promedio según la categoría de usuario residencial es la siguiente: hasta 300% para aquellos comprendidos en el segmento R1-R23; de 350% para el escalón R31-R3; de 400% para usuarios R34; y de 500% para la categoría SGP. Este último caso corresponde a los sectores comercial e industrial, cuyas entidades fueron las que más litigaron en los tribunales y que lograron recortar el aumento tarifario anunciado inicialmente.
El funcionario resaltó que, en función de los parámetros referidos por el INDEC "estarían cubiertos todos los que están considerados por debajo del límite de pobreza". "También habrá una ampliación en los kilowatts por hora por mes en la tarifa social -que sube de 150 a 600 kw- de todos aquellas personas que sean electro-dependientes o quienes conviven" con alguien con ese problema.
Con el nuevo esquema, la tarifa social para el gas abarca 1.700.000 hogares, equivalente a poco más del 20% de los 8,1 millones de usuarios que tiene acceso a red de gas; mientras que existen 5,4 millones que carecen de ese servicio de red natural y, por tanto, "tienen apoyo del Gobierno en el plan de garrafa social", que cubre a 2,7 millones de consumidores.
También informó que el miércoles próximo se dará a conocer una Resolución que regulará la Ley de Entidades de Bien Público para que puedan acceder a tarifas residenciales, algo referido a los clubes de barrio y otras organizaciones sociales que se sintieron afectadas por el aumento de tarifas anunciado originariamente, antes de realizar las audiencias públicas.
