El Tribunal Constitucional (TC) español ordenó este jueves a la Fiscalía que actué penalmente contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por haber permitido una votación que abrió la puerta a la vía unilateral de secesión de Cataluña, lo que no disuadió a los independentistas de aprobar horas después otra iniciativa que pone fecha a la ruptura con España.
Apenas habían pasado unas horas y el Parlamento catalán ya aprobaba una nueva resolución que no sólo respalda la celebración de un referéndum unilateral de secesión, sino que le puso fecha para finales de septiembre de 2017 y también fijó unas elecciones constituyentes antes de marzo de 2018.
La iniciativa salió adelante gracias al voto favorable de la coalición independentista Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y los anticapitalistas de la CUP, quienes con su apoyo permitieron en enero la elección de Carles Puigdemont al frente del Ejecutivo para llevar a Cataluña hasta la secesión.
El resto de fuerzas no independentistas no votaron como medida de protesta, mientras los socios catalanes de Podemos, que defienden "el derecho a decidir" (una consulta pactada con el gobierno de España) se abstuvieron en esa cuestión.
Con ésta última resolución del parlamento catalán se avecina otro choque con la Justicia española, lo que escala un poco más el conflicto entre Cataluña y España.
El TC se pronunció este jueves después de que la Abogacía del Estado, que actúa a instancia del gobierno del conservador Mariano Rajoy, presentó un "incidente de ejecución" ante una sentencia dictada por el propio constitucional, que prohibió explícitamente a los diputados catalanes tomar medidas contrarias a la ley que tuvieran como objetivo romper con la unidad de España.
La actuación se produjo después de que Forcadell, presidenta de la cámara catalana, permitió que se votaran y aprobaran las conclusiones de la denominada "Comisión de estudio del proceso constituyente", en las que se contempla la posibilidad de celebrar un referéndum de secesión unilateral si finalmente no es posible llegar a una consulta pactada con el Estado español.
El pasado 1 de agosto, el TC suspendió esa resolución, que el gobierno catalán de Puigdemont asumió como plan de ruptura.
La Fiscalía ya se había pronunciado a favor de actuar contra la presidenta del Parlament (parlamento catalán) al entender que había actuado contra la ley.
La medida adoptada por el TC llega tres días después de que la Fiscalía pidiera 10 años de inhabilitación para el ex presidente catalán Artur Mas por haber celebrado la consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 (9-N) pese a que había sido prohibida.
Por su parte, el Tribunal Supremo también ordenó este jueves seguir adelante con el proceso contra Fracesc Homs, el ex consejero de Mas y actual diputado en el Congreso español, por haber participado en la organización de esa consulta.
El plan de secesión de Cataluña es uno de los mayores desafíos que afronta España, con un gobierno interino liderado por Rajoy desde diciembre, después de dos elecciones generales consecutivas en las que ganó su Partido Popular (PP) pero sin mayoría para gobernar.
El presidente catalán, Puigdemont, quien asumió en enero, renovó la semana pasada la confianza de la cámara para seguir adelante con la "hoja de ruta" de secesión, que inicialmente fue acordada para 18 meses y que prevé la aprobación de leyes de "desconexión" para junio de 2017, lo que daría lugar a la celebración primero de elecciones constituyentes y luego de un referéndum para romper con España.
