Cientos de personas se reunieron desde el 1 de septiembre en Saramurillo, una comunidad indígena ubicada a orillas del río Marañón, en la región Loreto, noreste de Perú, y bloquearon el transporte fluvial para presionar y buscar una solución a sus demandas. Los manifestantes quieren que se declare el estado de emergencia en dos distritos de la parte baja del Valle del Marañón, donde una serie de derrames petroleros ha afectado a cinco comunidades indígenas.
Ellos también solicitan una inspección independiente de la red de tuberías que abastece a los campos de petróleo y la sustitución de las secciones corroídas. Además, la remediación de los sitios contaminados y la restauración de los ecosistemas; una indemnización por daños y perjuicios; el diseño y aprobación de una ley de monitoreo ambiental; y la creación de una “comisión de la verdad” para llevar a cabo un estudio a profundidad de las operaciones de petróleo y su impacto en las comunidades y el medio ambiente.
La protesta es a la vez un llamado nacional para debatir si la extracción de petróleo debería continuar en la Amazonía peruana o no. “Queremos una discusión acerca de la viabilidad de la producción de petróleo en la Amazonía, porque la forma en que se hace ahora no es viable”, dijo José Fachín de 35 años, estudiante Kichwa de derecho y asesor de los líderes de las organizaciones indígenas que apoyan la protesta.
Los manifestantes levantaron el bloqueo del río —permitiendo que los pasajeros y los buques de carga pasen, pero no barcazas de aceite y combustible— desde una semana antes de sostener la reunión de dos días (octubre 11 y 12) con los negociadores del Gobierno en Saramurillo y se prolongó hasta una semana después.
El bloqueo se reanudó el 20 de octubre aludiendo que fue inadecuada la respuesta inicial (el 18 de octubre) del gobierno a sus demandas. Los funcionarios enviaron una respuesta más completa el 21 de octubre. Dos días más tarde, personas que se trasladaban dentro de un barco de pasajeros y que intentaban pasar el bloqueo, le dispararon a los manifestantes, hiriendo a un hombre en la mano.
Los manifestantes detuvieron la embarcación y publicaron fotografías en las redes sociales mostrando a tres hombres, a quienes identificaron como empleados de la empresa de transporte, retenidos en un edificio de la comunidad de Saramurillo, mientras esperaban la llegada de las autoridades encargadas de la investigación.
Además el 23 de octubre, Petroperú, la empresa estatal que opera el oleoducto que transporta crudo desde los campos de petróleo de la Amazonía a través de las montañas de los Andes a la costa, informó que vándalos habían cortado la tubería en Nueva Alianza, derramando aceite en un arroyo que desemboca en el río Marañón.
El jefe de comunicaciones de Petroperú, Luis Zapata, y los líderes de la comunidad, indicaron que un poco de aceite había llegado al río.
Nueva Alianza es el sitio donde se reportaron dos derrames el 21 de agosto y se vertieron alrededor de 4000 barriles de petróleo en un canal construido para contener la tubería. La limpieza del crudo estaba en marcha cuando se informó de la nueva infracción. Los derrames de agosto contribuyeron a desencadenar la protesta en Saramurillo.
Con el derrame reciente suman nueve los ocurridos en lo que va del año. Petroperú ha atribuido los últimos seis al vandalismo, a pesar que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la agencia gubernamental responsable de la supervisión de la infraestructura de energía, no se ha pronunciado sobre ellos.
Algunos observadores han sugerido que los contratistas, con la esperanza de generar trabajo de limpieza, podrían haber destrozado la tubería. Por otro lado, José Fachín dijo que los cortes podrían ser un esfuerzo por desacreditar la protesta. Dos derrames —reportados en las comunidades de Monterrico (25 de setiembre) y 6 de Julio (14 de octubre)— se produjeron después de que comenzara la protesta. Ambas comunidades se encuentran aguas arriba de Nueva Alianza.
Nueva Alianza, Monterrico y 6 de Julio no forman parte de las casi 47 comunidades que, según Fachín, enviaron pobladores para participar en la protesta.
Saramurillo, donde se centra la protesta, es un conjunto de estructuras de madera, edificios con techo de paja a orillas del río Marañón, al lado de la estación de bombeo que marca el inicio de los 845 kilómetros del Oleoducto Norperuano, que fueron construidos en la década del setenta.
El río color capuchino está impactado por desechos de la minería, aguas residuales y residuos sólidos que fluyen aguas abajo por la ladera oriental de los Andes y se unen al río Ucayali, en la región peruana de Loreto para formar el río Amazonas.
El río también recibe la contaminación de los campos petroleros más antiguos de la Amazonía del Perú, ahora conocidos como Bloque 192 y el Lote 8, que comenzaron a operar en la década del setenta. Los campos atraviesan los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Chambira, los cuales están entrecruzados por las tuberías antiguas y están habitados principalmente por los Achuar, Kichwa, Awajún, Urarina y la población Kukama-Kukamiria.
A excepción de unas pocas decenas de comunidades que ahora tienen temporalmente plantas de tratamiento de agua, los pueblos carecen de sistemas de agua potable y saneamiento. Los pobladores dependen del agua del río o de la lluvia para beber, cocinar, bañarse y lavar.
Las agencias gubernamentales tienen una lista de al menos 1000 sitios contaminados en los dos campos petroleros que requieren remediación, pero las organizaciones indígenas de la región dicen que podría haber más de dos veces ese número.
Las protestas por la contaminación han dado lugar a varios acuerdos entre las federaciones indígenas y el gobierno en los últimos años, uno de ellos, el “Acta de Dorissa,” que fue firmado hace 10 años. Ese acuerdo forzó a Pluspetrol, la compañía con sede en Argentina que estaba operando los bloques 192 y 8 en el momento de lo ocurrido, a reinyectar aguas residuales del bombeo subterráneo para reducir la contaminación.
Con excepción del acuerdo de reinyección, esos pactos en gran medida no han sido cumplidos, dicen los líderes de la actual protesta. También se quejan de la lentitud de la mayoría de las negociaciones con el gobierno.
Rolando Luque, quien lidera el equipo negociador del Gobierno en Saramurillo, prometió acción “rápida y oportuna” sobre las demandas de los manifestantes. Dijo que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad que dirige, también dará seguimiento a los acuerdos para garantizar su cumplimiento.
Como parte de un acuerdo sobre la ayuda humanitaria inmediata, el gobierno entregó agua potable y alimentos a Saramurillo, Nueva Alianza y Monterrico, el 21 y 22 de octubre. Zapata dijo que las entregas debían ser asistencia de una sola vez.
También dijo que Petroperú planea contratar a un auditor externo para evaluar la tubería y determinar qué reparaciones adicionales son necesarias, con el fin de reanudar la operación que se suspendió en febrero después de dos derrames. La compañía espera que el proceso tome cerca de cuatro meses, mientras que una revisión de la tubería podría tomar cuatro años, dijo.
Luque añadió que posibles reuniones futuras entre los líderes de la protesta y los negociadores del gobierno se acordarán una vez que los líderes indígenas respondan a la carta más reciente del gobierno.
Los líderes de la protesta dicen que el equipo negociador no tiene el poder para tomar decisiones al instante e insisten en que los ministros del gobierno viajen a Saramurillo para reunirse con ellos.
Cabe señalar, que los funcionarios de gobierno sentaron un precedente el 22 de octubre, cuando Martín Vizcarra, vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, y la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, viajaron a la región sur andina de Apurímac para reunirse con los pobladores que protestaban en contra de la implementación de un nuevo camino en sus tierras, para ser utilizado por una mina de cobre. Un hombre de la localidad murió producto de un disparo en esa protesta.
Además de enfrentarse contra el gobierno, los líderes de la protesta de Saramurillo están también desafiando a organizaciones indígenas de las cuencas afectadas por petróleo que han participado en las negociaciones con el gobierno en las últimas dos décadas.
Cuatro organizaciones —una en cada cuenca de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón— han tomado la delantera en esas conversaciones en el pasado, pero se han mantenido al margen de Saramurillo.
Fachín y otros líderes de la protesta en Saramurillo dicen que hay al menos 15 organizaciones que representan a las comunidades en las cuencas afectadas por las operaciones de petróleo, así como algunas comunidades no afiliadas, que deberían tener un asiento en la mesa de negociación.
Dijo que las cuatro federaciones, que durante mucho tiempo han sido consideradas las principales representantes de las cuencas, así como otras organizaciones que han tenido una postura de esperar y ver qué pasa, han sido invitadas a unirse a la causa de los manifestantes.
