El referendo contiene una sola pregunta: ‘¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza en paraísos fiscales?’.
La consulta debe efectuarse el mismo día de las elecciones generales ecuatorianas, previstas en primera vuelta el 19 de febrero de 2017.
Con la aprobación de la CC, el Consejo Nacional Electoral solo deberá añadir una papeleta más a las de los comicios, en los que el pueblo elegirá al próximo presidente y vicepresidente; así como a los miembros de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Andino.
El procedimiento estipula como próximo paso la firma de un Decreto Ejecutivo para convocar a la consulta. Seguidamente, la máxima instancia electoral organizará el proceso.
De ganar el SI, los servidores públicos, candidatos a cargos en el Gobierno y la legislatura con cuentas en paraísos fiscales tendrán hasta un año para regresar esos capitales y bienes a territorio nacional.
Durante ese período, el legislativo deberá modificar el Código de la Democracia y la Ley de Servicio Público, a fin de adecuarlos, teniendo en cuenta el criterio popular.
Según afirmó el jefe de Estado en numerosas ocasiones, los paraísos fiscales facilitan ‘la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales’.
Datos oficiales confirman que alrededor de 30 mil millones de dólares generados en Ecuador se encuentran en instituciones financieras extraterritoriales, cifra similar al monto de los daños ocasionados por el terremoto registrado en la región costera de este país sudamericano, el 16 de abril pasado.
Solo en 2014 y 2015 salieron de la nación andina unos tres mil millones de dólares.
En el plano de Latinoamérica, el 22 por ciento de las riquezas de la región se encuentra en empresas ‘offshore’, por lo cual cada año se dejan de recaudar tres mil 500 millones de dólares por concepto de evasión fiscal, según estimados oficiales.
‘Los paraísos fiscales constituyen una de las peores aberraciones del actual orden mundial por las nefastas consecuencias que producen en la economía planetaria’, consideró el mandatario al presentar su propuesta ante la Corte Constitucional el pasado 24 de octubre.
Entre los argumentos expuestos por Correa en su pedido de consulta popular por un pacto ético contra ese flagelo explicó que esa práctica ocasiona evasión fiscal, fomenta el crimen organizado y el narcotráfico, e incluso es sostén del terrorismo, y en definitiva, promueve la corrupción, sostuvo.
La lucha ecuatoriana se intensificó luego de que se destapara una red de corrupción en la refinería Esmeraldas, conocida como Caso Petroecuador, el cual está bajo investigación e involucra a representantes del sector público y privado.
‘Que quede claro que si no hubiese paraísos fiscales no hubiese tanta facilidad para el cohecho, para la corruptela, y no solo está el lado público con sus cuentas en paraísos fiscales, sino el lado privado, pues los depósitos en esas cuentas vinieron de empresas privadas también con cuentas en paraísos fiscales’, enfatizó entonces Correa.
Tanto el presidente como el canciller Guillaume Long han presentado en diversos escenarios internacionales la propuesta de un Pacto Ético que ponga fin a los paraísos fiscales, no solo a nivel de país, sino en el mundo.
La iniciativa cuenta con el respaldo mundial de numerosas personalidades, instituciones y de gobiernos.
