El encuentro nacional permitió trazar un mapa de las experiencias desarrolladas en materia de recuperación y puesta en funcionamiento de estos espacios y la necesidad de institucionalizar una política pública de sitios de memoria que reconozca la participación de las organizaciones de la sociedad civil y garantice un marco legal acorde a las nuevas demandas. “Estos organismos y organizaciones tienen que ser los protagonistas de los espacios de memoria”, expresó el presidente de la CPM, Víctor Mendibil. “Por su legitimidad social y política, los sitios son un lugar estratégico para la defensa de los derechos humanos hoy”, agregó la directora general, Sandra Raggio.
La recuperación y gestión de los sitios de memoria fue un pilar de las políticas reparatorias y el fortalecimiento de la democracia. La participación activa de la sociedad, en torno a estas organizaciones y colectivos, garantizó su funcionamiento y su intervención territorial frente a las necesidades de la comunidad en el presente. “Los organismos de derechos humanos y la sociedad civil resistieron, lucharon contra la impunidad e instalaron el debate por la verdad. Esos mismos organismos y organizaciones tienen que ser los protagonistas de estos espacios de memoria; tenemos que construir colectivamente una herramienta para garantizar la gestión y preservación de los sitios”, expresó el presidente de la CPM, Víctor Mendibil, en la apertura del Encuentro nacional. Junto a Mendibil, participaron del encuentro los integrantes de la CPM, Roberto Cipriano García y Susana Méndez, y la directora general, Sandra Raggio.
Durante dos días, la Comisión Provincial por la Memoria convocó a más de 60 referentes de organizaciones y espacios de memoria de todo el país para compartir las experiencias de trabajo y discutir los lineamientos de un marco normativo que regule los sitios y espacios de memoria y responda a las necesidades de las organizaciones. Con el objetivo de pensar esos criterios, se realizó la mesa de trabajo La institucionalización de la política de sitios, los marcos normativos, alcances y limitaciones actuales y proyectos de ley, que contó con la exposición de Federico Di Bernardi, de la Secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Eva Ramírez, diputada bonaerense por el Frente para la Victoria, y la directora general de la CPM, Sandra Raggio. La mesa fue coordinada por el secretario del organismo, Roberto Cipriano García.
“Sólo en la provincia de Buenos Aires, hubo más de 230 centros clandestinos de detención, sólo 58 están señalizados y hay un 60% sigue funcionando como dependencias policiales”, señaló Cipriano García. “Además, es necesario que una nueva política de sitios inscriba en su normativa a los espacios que también fueron escenarios del terrorismo de Estado. Pensar el concepto amplio de memoria significa incorporar esos sitios que llevan impresos la memoria de las luchas populares. Son las mismas organizaciones las que están activando esas memorias y el Estado debe garantizar también estos colectivos”, agregó Sandrá Raggio.
El Bichicui memoria habitada era una de las tres casas operativas de Montoneros en La Plata que cayeron en noviembre de 1976. Allí vivían Adolfo José Berardi y María Isabel Gau, su hijo Nicolás Berardi recién volvió a ocupar la casa a fines de los 90. “El encuentro significó, para mí, la posibilidad de reivindicar los lugares identificados con las luchas de la sociedad; es sitio, porque ahí, en esos espacios, se ejerció terrorismo de Estado”, dice Nicolás.
Durante la primera jornada, también se desarrolló la mesa de trabajo Investigación y actualización de datos en el panorama actual de disputa por el relato de los hechos, coordinada por Samanta Salvatori, directora del programa de Investigación de la CPM, y con la exposición de Ana Jemio del equipo de Asistencia Sociológica a las Querellas, y Roberto Martínez del Archivo de la Memoria de Córdoba. La mesa resaltó el valor de los archivos cuantitativo y cualitativo de los archivos públicos, que desde el registro del testimonio de las víctimas no sólo contribuyen a los procesos judiciales sino también a la reparación histórica.
El segundo día de trabajo comenzó con la exposición de las Memorias trasandinas. Lugares de memoria en Chile, con la participación de Marta Cisterna y Luciano García de la Casa José Domingo Cañas y Observatorio de DDHH, y Gloria Elgueta de Londres 38, ambos espacios fueron utilizados como centros clandestinos de detención y tortura por la DINA. Los referentes chilenos reconocieron que no existe una política institucional de sitios, de 1200 centros vinculados al terrorismo de Estado, sólo tres reciben financiamiento y otros 20 recién están en proceso de recuperación.
Antes del cierre, tuvo lugar la mesa Materialidad y procesos de significación de los sitios. De la “recuperación” a la conservación y transformación del espacio donde se destacó el trabajo arquitectónico y arqueológico para la reconstrucción de las huellas del sitio y la necesidad de pautar un protocolo de conservación. Laura Duguine del espacio ex CCDTyE El Atlético, Gonzalo Conte de Memoria Abierta, Joan Portos del Colectivo Faro de la memoria-Mar del Plata, y María Julia Portas del ex CCD El Infierno expusieron en la mesa, que moderó la coordinadora del área de Educación, Investigación y Archivo, María Elena Saraví.
“Tomamos posesión del sitio en marzo pero la recuperación del espacio lo registro en el marco de un proceso de 40 años, que empieza con la vuelta a la democracia”, agrega Julia Portas y señala que, desde marzo, está abierto y recibió 2.500 visitas: “Son espacios que se construyen con el entorno no sólo para pensar las políticas de memoria, verdad y justicia sino también como espacio circulado por organizaciones que necesitan un lugar donde trabajar las problemáticas actuales y que le van imponiendo al sitio su propia demanda”.
“La CPM fue el primer sitio de memoria con el que me conecté y, como referente, es importante que pueda organizar estos encuentros porque nos da la posibilidad de retroalimentarnos de las experiencias de los demás espacios”, suma Tati Cabral que viene de la Casa por la memoria ex CCD Brigada de investigaciones de Chaco. La Comisión por la Memoria de esa provincia tiene la posesión legal de la casa desde el 2008, cuenta con un régimen de trabajadores estables y con diferentes áreas de trabajo; sin embargo, por las precarias condiciones edilicias se decidió refaccionar el lugar pero las obras están detenidas: “Hace más de un año que la casa está cerrada”.
Sobre el cierre, la integrante de la CPM, Susana Méndez, destacó “el trabajo de los sitios para la transmisión de la memoria y como lugares que movilizan a la sociedad”. En esa línea, frente a las nuevas demandas que impone el crecimiento de estos espacios, Roberto Cipriano García señaló: “La Comisión entiende los sitios como espacios de construcción colectiva para dar las disputas que tenemos que dar hoy. En ese desafío, debemos consolidar estas experiencias e institucionalizar una política pública de sitios”.
“Tenemos conflictos que son transversales a los sitios y las memorias. En ese marco, estos encuentros nos brindan la posibilidad de trabajar en red, reconocer y transmitir las instancias que cada uno de las organizaciones transitó. Tener un espacio donde debatir, y de muchos recursos humanos, para fortalecernos entre nosotros”, agrega Mariana Fernández Long, coordinadora del proyecto para gestionar la casa Oesterheld. En la misma línea, Matías Capra, del área pedagogía de la memoria del Espacio La Perla, remarcó: “Hoy nos encontramos con un recorrido de varios años, algunos sitios hasta 10 o más años, y me parece que está bien que nos incomode el presente; nuevos escenarios que nos demandan y nos repreguntan. Para nosotros, estos momentos, estos encuentros con otros compañeros, miradas y proyecciones, son esenciales: es parte de la esencia misma de cómo pensarnos como sitios”.
La decena de experiencias compartidas en Chapadmalal durante el Encuentro nacional trazan un mapa de la situación. Entre los límites actuales y los desafíos renovados aparecen viarios lineamientos que deben ser reconocidos a la hora de pensar un nuevo marco legal: la efectiva posesión y la preservación material de los sitios y el financiamiento para los equipos de trabajo, transmisión de la memoria, archivos, juicios y la intervención territorial, son sólo alguno de ellos.
Como viene sosteniendo la CPM, las políticas de sitios deben ser políticas de Estado que cuenten con la máxima participación de la sociedad civil: “El Estado tiene que regular pero la ley tiene que ser protagonizada por las organizaciones que activan socialmente esas políticas. Esas prácticas legitimaron políticamente los sitios como lugares simbólicos que inscriben también la memoria de la democracia y la defensa de los derechos humanos hoy”, concluyó Sandra Raggio.
