"Los jueces designados no se abocan al conocimiento de la causa, no toman decisiones ni resuelven sobre diversos planteos", dijo a Télam el abogado Pedro Orieta, de la querellante Asociación Memoria, Verdad y Justicia, quien realizó las presentaciones junto a Luis Garay, titular de ese organismo de derechos humanos de Santiago del Estero.
Entre los temas irresueltos, Orieta mencionó "las nulidades planteadas, la situación de los detenidos y el análisis de la situación de los testigos víctimas que esta querella representa", quince de los cuales ya habían declarado cuando, a comienzos de octubre último, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal apartó a los jueces que conformaban el TOF que comenzó el juicio, con lo que el debate de la Megacausa III volvió a fojas cero.
Orieta y Garay también acudieron a la presidencia de la Cámara de Casación, que con las resoluciones 736 y 750 procuró tras el apartamiento dar nueva integración al TOF de Santiago del Estero, conformado en la actualidad por los jueces Javier Díaz Gavier, Carlos Lescano y José Fabián Asís, quienes formularon excusaciones.
En el caso de la Corte Suprema, los representantes de la querella solicitaron además que se corra vista de la presentación "a los organismos institucionales y no gubernamentales” que conforman la Comisión Interpoderes creada por el supremo tribunal en 2008 para agilizar los juicios de lesa humanidad. "Fundamentalmente, nos preocupa el transcurso del tiempo sin fecha cierta para el reinicio del debate oral y público", señaló Orieta. El letrado agregó: "ex presos políticos y familiares de detenidos desaparecidos, a quienes representamos, están viendo frustrado su acceso a la justicia, sufren una clara denegación de justicia por parte de los jueces designados".
Después de años de espera, el juicio oral y público de la denominada Megacausa III había comenzado en agosto pasado con 14 acusados, entre ellos el ex juez federal Arturo Liendo Roca y el ex fiscal federal Santiago Olmedo de Arzuaga (foto), además de militares y policías.
En septiembre, fallecieron dos de los imputados: Liendo Roca, a los 80 años, y el coronel (RE) del Ejército Cayetano José Fiorini, a los 92, y desde el inicio de la causa murieron testigos sobrevivientes de la represión de la última dictadura y también otros acusados.
"Por eso reiteramos entre ayer y hoy a las tres agencias (Corte, Magistratura y Casación) los mismos pedidos que les hicimos el 11 de octubre último, cuando también les solicitamos que intervinieran con urgencia, ya que el debate estaba a punto de caer, como finalmente ocurrió", recordó Orieta.
Además, los querellantes expresaron a esas agencias su "preocupación por la prisión domiciliaria otorgada por el juez Carlos Jiménez Montilla al represor Alberto D'Amico, condenado en dos juicios anteriores y procesado en la Megacausa III". "Este juez subrogante no tiene competencia para resolver cuestiones de otros tribunales y no podía resolver sobre la prisión preventiva de D'Amico en la Megacausa III, cuando además el imputado tiene condenas previas a prisión perpetua en la Megacausa
II, también en Santiago del Estero y en la causa (por la desaparición del conscripto Germán) Cantos, en Tucumán", explicó.
