En nuestro escrito dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, también reclamamos información sobre la localización actual de más de un centenar de cuerpos humanos excavados en la región y solicitamos copia de los estudios de impacto arqueológicos financiados por empresas responsables de grandes emprendimientos de barrios privados en Tigre y Escobar.
Relacionado a esto último, el MDP cuestionó la firma de “protocolos de manejo de sitios arqueológicos” entre empresas y gobiernos sin contar con la participación de los pueblos originarios.
Es de destacar que el pedido de reentierro no es nueva, sino que viene siendo gestionada con distintas presentaciones desde fines de 2011 y siempre chocó con la actitud esquiva de los funcionarios a cargo del patrimonio arqueológico a nivel nacional y provincial.
A seis meses de nuestra presentación dirigida a Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, y a Mishkila Rojas, coordinadora del Consejo de Asuntos Indígenas, no hemos tenido ninguna respuesta, ni formal ni informal.
Compartimos el texto completo
Sitio público, educativo, arqueológico y sagrado Punta Querandí
Paraje Punta Canal, Localidad Dique Luján, Partido de Tigre
Escribimos la siguiente nota para solicitar el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos Bonaerense para lograr la recuperación definitiva del territorio comunitario y sagrado de Punta Querandí, y el reentierro en este lugar de los restos humanos hallados en la zona, en particular un esqueleto extraído del sitio Arroyo Garín que estaba ubicado a 100 metros de Punta Querandí (hoy debajo del barrio privado Santa Catalina).
El reentierro de restos humanos de pueblos originarios tiene antecedentes a nivel provincial, nacional e internacional. Consideramos que el reentierro en Punta Querandí (y la protección de dicho espacio) sería una primera reparación histórica a la memoria de los pueblos originarios que no sólo fueron barridos de su territorio ancestral por la conquista de Juan de Garay, sino que en las últimas décadas son arrasados sus lugares de entierros milenarios por la construcción de megaemprendimientos de barrios privados.
Resaltamos que el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas ya tuvo una resolución favorable a nuestros reclamos en defensa de Punta Querandí en agosto de 2011, cuando a pedido del Gobierno de Tigre hizo un informe sobre la valoración arqueológica y cultural del lugar.
Años después, a fines de noviembre de 2015, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitió otro informe favorable a nuestros reclamos y solicitó a la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que desafecte el terreno de una venta mayor realizada en el 2007 a favor de los emprendimientos inmobiliarios de la empresa EIDICO.
Previo a este dictamen del INAI, el juez de primera instancia Héctor Álvarez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal 11, el 28 de septiembre de 2015 rechazó una demanda impulsada por EIDICO contra ADIF para obligar a este organismo a escriturar el inmueble a su nombre.
Además de estos reclamos puntuales para el territorio de Punta Querandí, pedimos el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos en otros requerimientos que hemos solicitado durante los últimos años a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La última presentación donde expresamos estos pedidos fue el 7 de octubre de 2015 y no nos brindaron la información solicitada, argumentando que se debía coordinar con la Secretaría de Derechos Humanos Bonaerense.
Con respecto a pedidos de información, solicitamos a la Dirección de Patrimonio Cultural la ubicación actual de un centenar de cuerpos humanos extraídos de 11 sitios arqueológicos distintos en Tigre, Escobar y Campana. Además solicitamos copia de los estudios de impacto arqueológico que están siendo financiados por las empresas inmobiliarias en la región.
Más allá de pedir información, venimos reclamando a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural un cambio en la política arqueológica, ya que no se está cumpliendo la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, no hay participación, nos niegan copia de los estudios. El equipo de arqueólogos que cuenta con la concesión otorgada por el órgano provincial, paralelamente trabaja de manera privada para las empresas. Es decir que los estudios de impacto arqueológico son realizados de manera privada por arqueólogos que trabajan en organismos públicos, estudios que son aprobados sin controles adecuados y no se dan a conocer.
Recientemente, se ha sabido de la existencia de “protocolos de manejo” avalados por la Dirección Provincial de Patrimonio, el Municipio de Tigre, los arqueólogos y los empresarios, en los casos de los sitios Rancho Largo y La Bellaca. Estos protocolos se realizan sin haber cumplido con la consulta y el consentimiento, siendo herramientas técnicas que facilitan a las empresas inmobiliarias continuar con el despojo en la región.
Esta política arqueológica provincial en la zona norte del Gran Buenos Aires es cómplice de la continuidad de un modelo urbanístico rechazado por vecinos, pueblos originarios, ambientalistas y especialistas del mundo académico quienes demandamos el fin de las construcciones sobre humedales por su alto costo social, ambiental y cultural.
SOBRE EL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA PACHA
Somos una organización formada por integrantes de comunidades y familias de distintos pueblos indígenas, vecinos afectados, ambientalistas y educadores. Hace 7 años nos unió la protección de las tierras de Punta Querandí y de otros sitios arqueológicos ancestrales, también la lucha en defensa del territorio autóctono de la región, las enormes reservas de humedales.
Un patrimonio público y cultural amenazado por los negociados inmobiliarios de los grandes barrios privados, cuya construcción indiscriminada fue responsable de la desaparición miles de hectáreas de humedales continentales del río Luján, la destrucción de sitios ancestrales con enterratorios (como por ejemplo “Arroyo Sarandí” y “Arroyo Garín”, por Nordelta y Villa Nueva), el desplazamiento de pobladores históricos, el agravamiento de las inundaciones, la privatización de costas, calles y espacios recreativos.
Ante el abandono estatal de las tierras de Punta Querandí (de origen ferroviario), defendimos el sitio arqueológico con un acampe mientras las autoridades y arqueólogos contratados por la empresa negaban su existencia.
En este tiempo de lucha el territorio se fortaleció como un punto de encuentro de los movimientos indígenas de la región, las organizaciones ambientalistas, la comunidad educativa, vecinos y familias de la región.
Proyectando la visión de los pueblos originarios, planteando una comprensión de Buenos Aires como un territorio indígena, fortaleciendo las culturas y las identidades de los pueblos originarios. A través de una custodia permanente, Punta Querandí se convirtió en un espacio comunitario ceremonial, espiritual y educativo (recreativo ya lo era), con actividades semanales abiertas a toda la sociedad.
Por otro lado, Punta Querandí también es un sitio de memoria del terrorismo de Estado, ya que allí fue encontrado el cuerpo de la militante Ana María Martínez en 1982 y por tal motivo el Consejo Deliberante de Tigre –y luego el ejecutivo local- aprobó una declaración en ese sentido a petición de la Comisión de Amigos, Familiares y Compañeros de Ana María Martínez, en junio de 2014.
PETITORIO A LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
1) Solicitamos la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos Bonaerense ante la Administración de Infraestructuras Ferroviarias para lograr la desafectación de la venta, tal cual lo solicitado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
2) Pedimos que nos acompañen ante la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural en el pedido de reentierro del esqueleto del sitio Arroyo Garín en Punta Querandí.
3) Solicitamos que intercedan ante la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural para obtener la ubicación actual de más de un centenar de restos esqueletarios extraídos de 11 sitios arqueológicos en distintos municipios de la zona norte.
4) Reclamamos copia del estudio de impacto arqueológico realizado para EIDICO (emprendimiento Santa Ana) en Villa La Ñata, donde desde hace décadas se conoce de la existencia de los sitios La Bellaca 1, 2 y 3. Así como copia de todos los estudios de impacto arqueológico que hayan sido presentados y/o aprobados y/o rechazados por la Dirección de Patrimonio Cultural para la región de Tigre, Escobar, Campana, San Fernando, etcétera.
5) Pedimos que se tomen medidas para garantizar la consulta y participación de los pueblos originarios en todo lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico. Por ejemplo, informar ante cada pedido de excavación, rescate, impacto arqueológico y hallazgo de sitios.
6) Anular la concesión otorgada al equipo de arqueólogos liderado por Daniel Loponte, para que la responsabilidad de resguardar el patrimonio arqueológico recaiga en especialistas más idóneos y que den participación a los pueblos originarios.
7) Solicitamos a la Secretaría de Derechos Humanos intervenir ante la violación de los derechos humanos de los vecinos de Tigre y Escobar afectados por los megaemprendimientos por la pérdida de accesos públicos y el agravamiento de las inundaciones, entre otras problemáticas generadas por un negocio inmobiliario que atenta contra la integridad de las personas.
