Luego de escucharse a 125 testigos, incorporar otras declaraciones por lectura, analizar nutrida documentación que va desde recortes periodísticos de la época hasta informes de inteligencia, el Ministerio Público Fiscal –representado por los fiscales Daniel Adler, Laura Mazzaferri y Eugenia Montero- desarrolló su alegato durante tres jornadas, que concluyó con los pedidos de pena para todos los imputados del juicio en el que se juzga el accionar de un grupo violento que secuestró y asesinó en la antesala del último golpe cívico militar, organizados en la Concentración Nacional Universitaria.
“Los crímenes que llegaron a juicio 41 años después de cometidos, no tuvieron justicia porque fueron ocultados por la justicia”, señaló Adler al abrir el alegato. “Este juicio es una especie de ratificación de un Nunca Más de la violencia política paraestatal y paramilitar en las democracias debilitadas”, añadió luego. A continuación, el fiscal general aclaró que no se buscaba castigar a nadie por su pensamiento ni que se trata de una discusión política. “No se acusa a una organización política sino a la asociación ilícita que conformaron bajo la máscara del sello CNU, para cometer delitos”, apuntó.
Más adelante sostuvo que es obligación del MPF investigar la violencia paraestatal, y desestimó los argumentos de algunas defensas que señalan que se trata de “una causa armada”. “¿Esto es una causa armada, señores jueces?”, interrogó señalando una diapositiva que se veía en pantalla y mostraba los cuerpos acribillados de las víctimas. Y a esto sumó la intención de las defensas y el imputado Demarchi de desacreditar a jueces y fiscales, y las denuncias y demandas que recayeron sobre los testigos. “Los hechos hablan por sí solos y ha sido tanto el dolor y la necesidad de justicia contenido durante cuarenta años que no han podido frenar el descubrimiento de la verdad”, remarcó Adler.
En su primera alocución, el fiscal marcó que en 1975 y principios de 1976 –año en que se cometieron los hechos juzgados- “el Estado de derecho cedió al Estado de policía de modo violento”. “El derecho penal como instrumento de contención del poder punitivo dejó el paso al poder punitivo. Las agencias que debían aplicar el derecho penal a través del debido proceso se transformaron en agencias del terror; en vez de brindar garantías salían a cazar subversivos, marxistas e izquierdistas. El Estado atendía de los dos lados del mostrador: de día en la Fiscalía, de noche en las calles gobernadas por el terror”.
La creación del "enemigo subversivo"
Por su parte, Mazzaferri trazó un acabado contexto mundial, latinoamericano y nacional de los hechos juzgados, y sostuvo: “Un crimen de lesa humanidad ataca principalmente la esencia del ser humano, que es un ser político, que se junta, que discute ideas, que construye, y se transforma el territorio en una trampa mortal”. Y mencionó cómo se edifica en ese marco al “enemigo interno”, al subversivo, a la subversiva. Bajo esa etiqueta, apuntó la fiscal, estaba para Demarchi, por ejemplo, quien repartía volantes en conmemoración a las víctimas de la Masacre de Trelew.
Entonces, el enemigo era tan difuso, que la estrategia de lucha resultaba muy costosa, porque alcanzaba a gran parte de la sociedad. ¿Cómo ejercer el control? Instaurando terror. Y de allí “el miedo de que entren a mi casa de noche, que no me delate mi compañero de facultad; el terror aísla”. Esto conlleva –dijo- a consecuencias profundas en el entramado social: “Llegamos a crear realidades sobre la base de la desinformación, a creer mitos, como que los acribillados eran asesinados porque eran subversivos”.
“La asociación ilícita que se enmascaró en CNU se entramó en el Estado, que tenía una política en todo el territorio de eliminación del oponente ‘subversivo’. Y el crimen, al enmarcarse en un ataque sistemático a la población civil se convierte en crimen de Estado”, sostuvo Mazzaferri.
En este sentido, sostuvo que “el propio Estado ‘democrático’, desde el aspecto normativo –con leyes como la 20.840 que establecía penalidades para ‘actividades subversivas’, lo que dio lugar a torturas y largas privaciones de la libertad- iba creando el elemento ‘subversivo’, lo que generaba un espacio permeable para que pueda pasar cualquier cosa: el ciudadano estaba desprotegido por quien lo tenía que proteger, el Estado”.
"El proyecto -concluyó- no estaba dirigido solamente a matar con las balas, sino también a atentar contra la construcción de una sociedad basada en derechos, y matar una educación abierta y horizontal".
Asociación ilícita: respaldo estatal y modus operandi
Por su parte, Eugenia Montero, trabajó en base a la descripción de los hechos imputados y valoró toda la prueba reunida durante el juicio. A su vez, realizó una sistematización de la asociación ilícita, y dio cuenta de su modus operandi.
En este sentido, dio cuenta de la organización dentro de la estructura de la asociación ilícita, y habló de componentes profesionales, operativos e ideólogos, que no necesariamente tenían que ser integrantes de CNU para conformarla. "Se agruparon con un objetivo delictual, vinculada a la clara persecución de militantes de izquierda", apuntó. Por otro lado, sostuvo que la asociación ilícita actuó con aquiescencia del Estado, y señaló los cuatro espacios de poder que la nutrieron, brindaron logística y recursos: la Fiscalía Federal, la Universidad -donde algunos ocupaban cargos importantes y otros ingresaron como contratados para supuestas tareas de "seguridad"-; la CGT y gremios; y las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.
Al referirse al modo de actuar de la banda, habló de el uso de armas, los homicidios, la actuación en grupos de 10 o 15 personas, el robo de vehículos para los operativos, intimidaciones, incendios, robos en domicilios de las víctimas, y hasta el uso de identificaciones falsas como fuerzas de seguridad, lo que les permitía el ingreso a las viviendas.
Los pedidos de pena
A todos se los acusa de haber sido miembros de una asociación ilícita, entendida como un acuerdo implícito de voluntades para delinquir y poner en riesgo la tranquilidad de la población. En concreto, se pidió para Gustavo Modesto Demarchi la pena de prisión perpetua, como jefe y organizador de esa asociación ilícita y coautor de los homicidios conocidos como "el 5x1", que tuvo como víctimas a Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorque Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, y la privación ilegítima de la libertad y posterior asesinato de María del Carmen Maggi. La misma pena se requirió para Mario Ernesto Durquet, acusado además de ser coautor de la asociación ilícita, por los homicidios del 5x1, de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, y de Maggi, previo secuestro violento.
A Juan Pedro Asaro se le requirió también prisión perpetua por la privación ilegítima de la libertad de Maggi y su posterior homicidio; mientras que a Raúl Rogelio Moleón –quien siguió la instancia de alegatos por videoconferencia desde Marcos Paz- se lo acusa de ser coautor de los homicidios de la noche del 5x1, al igual que a Raúl Arturo Viglizzo.
En tanto para Fernando Alberto Otero se requirió la pena de prisión perpetua, pero no se lo acusó por la asociación ilícita –más allá de que pudo integrarla- porque ya pesa sobre él una condena por el crimen del diputado Ramón Rojas en San Juan, donde un grupo de miembros CNU acudieron para matarlo. A Otero se lo acusa de haber participado de todos los homicidios juzgados en el juicio.
Quienes no llegaron al debate oral y público acusados por los crímenes son José Luis Granel, Juan Carlos Asaro y Roberto Alejandro Justel, para quienes se solicitaron penas de nueve años, cuatro años y seis meses y 3 años, respectivamente, por considerarlos coautores del delito de asociación ilícita.
Antes del petitorio, Mazzaferri fundamentó por qué la aplicación de las penas solicitadas no violan las pautas de extradición concedida por Colombia, luego de que Demarchi se diera a la fuga a aquel país, donde finalmente fue detenido. "Todo lo contrario: no avanzar en este sentido implicaría incurrir en responsabilidad internacional de no cooperar en este tipo de crímenes que, por la garantía de impunidad otorgada por el Estado y el Pre Cóndor, son mucho mas difíciles de perseguir, y precisamente por ello requieren, como lo estipula el Tratado de Roma, un esfuerzo conjunto de las naciones comprometidas con el derecho internacional de los Derechos Humanos".
Sobre el final del alegato del MPF, Adler nombró una a una a las víctimas de esta asociación ilícita, enmascarada en la CNU. Nombró a quienes fueron asesinados y asesinadas, pero también a 25 testigos del juicio que debieron irse de Mar del Plata y el país para no correr la misma suerte –muchos de los cuales estaban sentados allí entre el público-; a 12 personas que fueron detenidas en 1975 o los primeros años de la dictadura, y otras siete que sufrieron persecuciones y hostigamientos, incluido el Obispo de entonces, Monseñor Pironio. La emoción inundó la sala de audiencias. Tras la lectura del petitorio de la Fiscalía, el fiscal general concluyó: “Este juicio ha honrado la memoria y ha surgido la verdad. Señores jueces, es la hora de la Justicia”.
Los homicidios
Los homicidios que llegaron a juicio incluyen a ocho víctimas. En la madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio del líder de la CNU Ernesto Piantoni, un grupo armado irrumpió en la vivienda de España 856. Enrique “Pacho” Elizagaray era el referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y esa noche estaba en la casa de sus tíos, la familia Videla. Cuando llegó el grupo armado intentó escapar por los techos, pero una ráfaga de balas lo alcanzó y murió de inmediato. Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Sus cuerpos fueron hallados en el paraje Montemar. Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo –de apenas 16 años, cursaba quinto año en el Colegio Mariano Moreno- 27, y su padre Jorge, 33.
Esa misma madrugada, un grupo de personas jóvenes armadas con ametralladoras secuestró al cirujano Bernardo Goldemberg de su casa ubicada en Falucho 3634, en presencia de su esposa. Su cadáver fue luego hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.
El 25 de abril de 1975, sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo, se encontró un Peugeot 504 gris íntegramente quemado. En el asiento trasero se encontraba el cuerpo calcinado del contador público Daniel Gasparri. A unos metros, estaba tendido el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Stoppani con innumerables impactos de bala.
La fuerte posición tomada y la ferviente defensa de una casa de estudios con perspectiva social le costaron la vida a María del Carmen Maggi. Un grupo armado de civil secuestró a la decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica el 9 de mayo de 1975, a las 2:15 de la madrugada, en su casa ubicada en Maipú al 4000, donde vivía con sus padres.
Cuando apenas había pasado un mes de su secuestro, y aunque el cuerpo aún no había aparecido, se ordenó el archivo del sumario judicial. Y aunque su cadáver fue encontrado –de manera casual- en cercanías de la laguna de Mar Chiquita un día antes del Golpe Militar, la investigación no prosperó. Demarchi era entonces fiscal federal.
