Esta declaración alude a un tema que recibe cada vez más atención en la formulación de políticas públicas: la universalización de la protección social para adultos mayores. Entre las razones para esta preocupación están los cambios demográficos contemporáneos y sus consecuencias macroeconómicas.
La seguridad surgió en una época con menores expectativas de vida
La seguridad social previsional moderna surgió como un mecanismo de protección centrado en el trabajo industrial. En Prusia, con la ‘Ley de aseguramiento para la dispacacidad y la vejez’ (1889), el canciller Otto von Bismarck creó un sistema de pensiones que proporcionaba una renta para quienes alcanzaban los 70 años, una edad lejana a los 45 años de la expectativa de vida que tenía el trabajador prusiano.
Posteriormente, la propuesta de financiar pensiones con la contribución de la población trabajadora se extendió a países como Inglaterra con la “Ley de Pensiones para la Vejez” (1908) y Estados Unidos con el ‘Sistema federal de retiro para servidores públicos’ (1920). En las economías de desarrollo capitalista tardío, empero, la difusión y consolidación de un sistema público nacional de pensiones no ha logrado aún completarse a plenitud.
En el ‘Informe de la Seguridad Social en el Mundo’, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que solo un tercio de los países tiene sistemas de seguridad con capacidad para cubrir salud, seguro por desempleo y pensión por vejez.
“La cobertura de los esquemas de pensión para la vejez está concentrada en los empleados del sector formal, principalmente en el sector público y en las empresas grandes (…) Si bien el 75% de las personas mayores a 65 años reciben algún tipo de pensión en los países de altos ingresos, menos del 20% de los adultos mayores reciben pensiones en los países de bajos ingresos”.
Por otra parte, en ‘Ahorrar para desarrollarse’, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invitó a encarar el problema de las pensiones para la vejez y argumentó que, para la formulación de políticas, “el debate más relevante” no es si las jubilaciones deberían basarse en un sistema de capitalización individual o en un sistema de reparto.
“Los países con sistemas basados en cuentas de capitalización individual -o que desean desplazarse en esa dirección- deben saber que estos sistemas por sí solos no pueden resolver sus problemas de ahorro (…) Los países con sistemas de reparto deben ajustar los parámetros de los mismos (como la edad de jubilación, el nivel de beneficios y los años necesarios de aportes) para evitar sistemas desfinanciados y/o insostenibles. Hasta ahora, el problema se ha ocultado detrás de las tendencias demográficas favorables: hay relativamente más personas que hacen aportes que jubilados que reciben beneficios”.
La población adulta mayor aumentará en América Latina
El financiamiento de la seguridad social depende de la capacidad productiva y redistributiva de una economía. En América Latina, sin embargo, el ‘bono demográfico’ está disminuyendo, es decir, está acortándose el período durante el cual el número de personas potencialmente productivas crece en forma sostenida con respecto a las personas potencialmente inactivas.
Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), los personas menores a 30 años representarán apenas el 20% de la población latinoamericana en 2050. Pero, en términos de la provisión de seguridad social, el plazo para percibir el cambio demográfico no está lejano. Para 2030, por ejemplo, en Cuba será notoria la fracción de personas que dependerán de quienes ejerzan actividades productivas (ver infografía).
