El Ministerio Público Fiscal —y cada uno de sus integrantes—, desempeña un papel central para el respeto y garantía de los derechos humanos. Su función principal es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad y velar por la efectiva vigencia de la Constitución nacional y de los instrumentos internacionales, a la vez que procurar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan el país.
La puesta en marcha, hace un año, de la Dirección General de Derechos Humanos responde a estos mandatos y al objetivo de seguir fortaleciendo el rol del MPF en la promoción de la actuación del servicio de justicia para la protección de los derechos humanos.
En diálogo con Fiscales, la titular de esa Dirección, Andrea Pochak, sostuvo que “la fecha es emblemática y amerita balances, que sirvan para dar cuenta de lo que hicimos, y el resultado es alentador: la actuación de gran parte de los magistrados y magistradas del MPF ha seguido como guía ineludible los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, las decisiones del sistema interamericano y del sistema universal se han consolidado como pautas obligatorias para la implementación y puesta en marcha de las políticas institucionales del organismo”.
Para Pochak, “el Ministerio Público se caracteriza por el abordaje transversal e integral en materia de derechos humanos. Transversal porque excede las estructuras especializadas de la Procuración, como las procuradurías, las unidades fiscales o las direcciones generales. Los deberes para lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos recae de modo directo en la labor de cada uno de los fiscales, funcionarios y empleados, que debemos dotar de contenido y garantizar lo que establecen los instrumentos internacionales”. Y es integral “porque la intervención del MPF abarca temáticas bien diferentes, en el ámbito penal y no penal, que además se interrelacionan entre sí”.
Un repaso de los principales logros del 2016
Cualquier balance en derechos humanos debe comenzar necesariamente con la política de persecución frente los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico militar. El compromiso y perseverancia de decenas de fiscales a lo largo de todo el país y de la Procuraduría especializada fueron fundamentales para alcanzar los resultados obtenidos: hay 15 juicios en curso, 118 causas con elevación a juicio y 261 en etapa de investigación. Al 30 de septiembre de 2016 se registran 561 causas en las que son investigados 2541 imputados —1057 detenidos, 1003 están libres y 435 fallecieron impunes—. En las 167 sentencias ya dictadas, resultaron 723 personas condenadas y 76 absueltas.
Este año también finalizaron juicios emblemáticos, como el de la megacausa La Perla, en Córdoba, y el histórico juicio por los crímenes cometidos en el marco del Plan Condor, el primero de Latinoamérica que logra llegar a una sentencia. Durante el 2016 además otros dos nietos lograron recuperar su identidad. Los 121 casos ya esclarecidos confirman la importancia del trabajo minucioso que desarrolla la Unidad especializada, junto a fiscales de distintas jurisdicciones.
La política criminal contra la violencia institucional se consolidó como un eje de trabajo prioritario del MPF. A lo largo del año, la Procuvin realizó 68 inspecciones a cárceles, comisarías, institutos y otras dependencias que alojan a personas privadas de la libertad en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país, en las que se verificaron violaciones a los derechos humanos y condiciones inhumanas de detención. Estos monitoreos originaron la presentación de 20 denuncias penales y 20 hábeas corpus. Asimismo, entre enero y septiembre de 2016, las fiscalías nacionales y federales de todo el país, en conjunto con la Procuraduría especializada, intervino en 194 causas sobre violencia de las fuerzas de seguridad y penitenciarias o corrupción policial.
En el último año, además, se reforzaron las estrategias de investigación y se robusteció, de la mano de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), la estructura del Ministerio Público para la persecución de casos de violencia de género.
A nivel interno, el Programa de Políticas de Género promovió un Programa de Inclusión de la diversidad sexual y un nuevo Régimen de Licencias con perspectiva de género.
La lucha contra la trata de personas se mantuvo como un eje central del MPF. La labor de la Procuraduría especializada (Protex) y de los/as fiscales federales permitió el rescate de decenas de víctimas e imputar penalmente a los eslabones más importantes de las redes de explotación. Algunos de los juicios alcanzaron gran trascendencia.
El enfoque integral en la protección de los derechos humanos se evidenció, en 2016, con la creación del Programa Especializado en Derechos del Trabajo, que tiene como objetivo reforzar la actuación del Ministerio Público frente a los conflictos laborales, en articulación con distintas áreas de la Procuración General.
Por otra parte, el MPF continuó fortaleciendo sus políticas de acceso a la justicia, con la puesta en funcionamiento en 2016 de otros dos Atajos fijos (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia) en barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires (Avellaneda y San Martín) y de nuevos enlaces y dispositivos móviles. Además, la DOVIC continuó profundizando las políticas de atención y acompañamiento a las víctimas, asistiendo a centenares de víctimas de trata, violencia de género, maltrato infantil y violencia policial. A su vez, el MPF inauguró una nueva Cámara Gesell para proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos.
La decisión de consolidar al MPF como actor protagónico en la promoción de la actuación de la justicia en la protección de los derechos humanos se vio reflejada, también, en los dictámenes de la Procuración General y de fiscales de diferentes instancias. En ese sentido, hubo importantes pronunciamientos sobre igualdad y no discriminación, derechos de pueblos indígenas, de migrantes, sobre tarifas y derechos ambientales, entre otros temas, con desarrollos jurídicos que receptaron estándares internacionales de derechos humanos de manera novedosa.
Por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos se ha constituido en un tema prioritario en las actividades académicas y de capacitación del MPF, en muchos casos en conjunto con otros organismos públicos y organizaciones sociales. Durante el 2016 fiscales, funcionarios/as y empleados/as participaron y ofrecieron talleres y cursos sobre crímenes de lesa humanidad, violencia institucional, derechos de los niños, niñas y adolescentes, derecho a la salud, derechos de las mujeres, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, y sobre derechos económicos, sociales y culturales, entre otras temáticas.
Durante el 2016, asimismo, el MPF ha llevado su agenda de derechos humanos a los foros internacionales y regionales que integra junto a otros Ministerios Públicos, como la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Además, la procuradora general firmó acuerdos bilaterales de cooperación con sus pares de la región para la investigación conjunta y coordinada de crímenes contra la humanidad, y a lo largo del año mantuvo reuniones con el relator especial de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, Mutuma Ruteere, con el presidente de la CIDH, James Cavallaro, y con la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Dubravka Šimonovi. Por último, en el 2016 el MPF colaboró activamente con los órganos de tratados de derechos humanos, enviando aportes para la confección de los informes periódicos de Argentina y para la elaboración de una nueva Opinión Consultiva de la Corte Interamericana.
Desafíos
Los ejemplos repasados son apenas una muestra de la rica agenda de derechos humanos del MPF. Por razones de espacio seguramente han quedado sin mencionar muchos otros igual de trascendentes.
Para la directora general de derechos humanos del organismo, Andrea Pochak, “el balance de 2016 es positivo, pero la tarea nunca es suficiente. El MPF debe reforzar el compromiso de afianzar su función esencial de asegurar el derecho a la protección judicial y al debido proceso, y de garantizar la investigación, esclarecimiento, juzgamiento y reparación de las violaciones de derechos humanos. Es una tarea de todos nosotros”.
