La reacción de las organizaciones estalló ante la noticia de que la policía bonaerense demoró a un niño de diez años hace algunas semanas, lo que ejemplifico la grave situación y la vulnerabilidad en la que se encuentran los pibes y las pibas ante el amedrentamiento constante de las fuerzas policiales y federales con presencia en la zona.
Hace dos semanas, circulo en las redes y en los medios, la historia de una madre que difundió la golpiza que había sufrido su hijo de 15 años por parte de dos oficiales de la Policía local de San Miguel. Al joven no lo detuvieron, pero lo hostigaron acusándolo de haber robado un celular, le hicieron sacar su vestimenta, lo golpearon y le ordenaron a correr descalzo, mientras le pegaban por detrás. La madre hizo la denuncia en la Fiscalía Descentralizada de Malvinas Argentinas, donde le tomaron declaración a uno de los oficiales de la fuerza. Según éste, el joven “tenía cara de chorro”.
En el día de hoy, como si la realidad insistiera en demostrar que estas prácticas son moneda corriente cuando de jóvenes se trata, se denunció la detención arbitraria de un pibe que realizaba malabares en la esquina de la avenida Perón y Conesa. El joven que vive a dos cuadras de donde estaba trabajando, no tenia los documentos con él, lo que configuró el motivo para llevarlo detenido. Ante la reacción de amigos y de vecinos del barrio, que filmaron la secuencia, además de intervenir para salvaguardar la integridad del pibe, fueron tres los oficiales de la fuerza local que participaron en su detención. En el video se pueden ver, las patrullas de la Policía local de San Miguel.
Este distrito, es uno de los tantos del conurbano donde las fuerzas políticas que gobiernan van mutando no de personas o referentes, si no de espacios políticos. En su momento perteneció el Frente para la Victoria, al Frente Renovador y hoy en día se ubican bajo la sombra del PRO, en la figura histórica de Joaquín de La Torre, que hace pocos meses dejo el mando de la intendencia en manos de Jaime Méndez, para sumergirse de lleno como funcionario de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ocupando el ministerio de Producción.
Ese esquema de relaciones políticas se reproduce también en varios distritos de la región como José C. Paz, Moreno o Malvinas Argentinas, por ejemplo a la hora de discutir la cuestión de la seguridad en los últimos días del año y en un clima donde la conflictividad social crece a medida que se siguen profundizando las políticas de ajuste del gobierno nacional. En ese sentido es que en estos días circuló en varios medios regionales, el envió de una partida de 150 gendarmes a Malvinas Argentinas y 250 a Moreno, que se suman a los más de seis mil efectivos de fuerzas federales enviados por el Gobierno Nacional para patrullar y colaborar en la “seguridad interna” de las zonas “caliente del conurbano”. Según un relevamiento que realizó Tiempo Argentino la semana pasada, son 240 los efectivos de fuerzas federales que patrullan en la zona de San Miguel, además de las fuerzas existentes que ya se encuentran en la localidad como la Policía Bonaerense y la Policía local que todas juntas, conforman un cóctel de saturación territorial para cumplir el objetivo de garantizar un “diciembre tranquilo”.
Pero ¿Cómo se viven estas políticas represivas en los barrios populares del conurbano? ¿Quiénes son los sujetos en los que se descarga de lleno la vigilia estatal por la “seguridad”?
A fines de noviembre, circulo un comunicado bajo el titulo “Abuso policial a menores” emitido desde la Centro Comunitario Gallo Rojo-Red El Encuentro donde se manifestaba que “en el barrio Obligado, partido de San Miguel los pibes y pibas con frecuencia son detenidos en la vía pública de manera arbitraria, son hostigados, estigmatizados e incluso expulsados de lugares públicos como el corredor aeróbico de Bella Vista. En ese marco, en la jornada del día viernes 4 de noviembre, en horas de la tarde, un grupo de niños y adolescentes de nuestra organización que estaban participando de un taller de fotografía por el barrio junto a sus educadores fueron abordados por efectivos de la policía municipal de San Miguel. Los policías los obligaron a pararse contra el capot de la camioneta, los palparon y revisaron las pertenencias de algunos de los adolescentes del grupo, todos ellos menores de edad, exponiéndolos a ese maltrato ante todo el barrio. A esto se le suma el agravante que ninguno de los efectivos tenía la debida identificación ni se identificaron cuando los educadores se lo solicitaron, demostrando una absoluta impunidad, falta de profesionalismo, inexistencia de respeto por nuestros derechos civiles y carencia de apego a las normas institucionales de la misma fuerza policial.”
La denuncia pública del accionar represivo de las fuerzas federales, provinciales y municipales con presencia en el barrio, la impulsó el Centro Comunitario Gallo Rojo, uno de los tantos espacios populares que existen. Obligado es un barrio vecino a Bella Vista, en el partido de San Miguel, con un crecimiento poblacional desarrollado en los últimos 30 años. Producto de tomas de tierras a lo largo del tiempo, el barrio se extendió, como se extendieron los lazos de solidaridad entre vecinos para construir los servicios del barrio. Merenderos, guarderías, sociedades de fomento, centros comunitarios, murgas y una radio comunitaria, fueron la expresión y la forma organizativa que se están construyendo de acuerdo a un territorio donde las políticas sociales y públicas no llegan y la exclusión se vive de cerca, dado que limitando con el barrio se encuentra un campo de golf privado perteneciente a la familia del actual presidente Mauricio Macri, delimitando los territorios, en principio con un alambrado y luego con un muro.
Matías, es integrante del centro comunitario y nos cuenta varios pormenores de la situación que se vive en el barrio: como las fuerzas actúan con los jóvenes de manera persecutoria imponiendo una especie de “toque de queda” en determinada hora y como accionan de manera indiferente ante la presencia de los “transas” de la zona, como se los echa de espacios públicos o de la estación de trenes de Bella Vista o Muñiz. Parte del comunicado público se encarga de echar luz sobre el estado de las fuerzas de “seguridad” cuando mencionan que “comisarios y policías fueron denunciados e investigados por delitos que van desde cohecho, extorsión a comerciantes hasta liberación de zonas para cometer robos, protección a prostíbulos, trata de personas y venta de drogas. Incluso en los últimos días un doble femicidio a manos de un prefecto. Y todo presentado como si fuesen casos aislados, inéditos y sin responsabilidades intelectuales.”
Luego de haber realizado la denuncia, además de mantener contacto con las familias de los jóvenes violentados, referentes del espacio se reunieron con el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de Zona Norte y con CORREPI para empezar a coordinar acciones formales, de denuncia y de visibilización en el territorio. Al mismo tiempo, desde la Red El Encuentro, pretenden presentar un escrito ante los municipios de José C. Paz y San Miguel, distritos donde más se sufren este tipo de detenciones y donde este espacio de coordinación tiene más desarrollo territorial.
“Tenemos proyectada una reunión con los chicos que participan del centro para charlar estas cuestiones y por otro lado, el domingo 4 de diciembre se hizo un festival que se llamó “Viva la cultura” con la consigna de que “La Cultura no se Ajusta”, remarcando todo el tiempo que nos podemos cuidar entre todos los vecinos sin necesidad de que estén las policías. Informamos una vez más la situación y la necesidad de que los adultos estemos protegiendo a estos chicos que no son peligrosos, sino que están en peligro” remarcó el joven militante territorial.
(ANRed Oeste)
