“El Comité está preocupado por los actos de represalias, intimidación y amenazas en contra de defensores de derechos humanos y miembros de los pueblos indígenas (…) entre otros (…) Milagro Sala, líder de la Organización Barrial Tupac Amaru”, indica un dictamen difundido en Ginebra.
El Comité reclama que se “garantice el acceso efectivo a la justicia, y el respeto a los derechos fundamentales y las garantías al debido proceso en los juicios que se siguen contra defensores de los derechos y miembros” de estas comunidades.
Inicialmente imputada de sedición por organizar una protesta en la provincia de Jujuy (noroeste), que habría entorpecido la circulación, Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, y luego acusada de “defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita”.
El secretario de Estado para Derechos Humanos de Argentina, Claudio Abruj, negó que el de Sala fuera “un tema de discriminación racial”, sino que era acusada por “alegaciones de corrupción ajenas a su acción militante”.
