La iniciativa fue acompañada por todos los bloques con representación parlamentaria, por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el municipio de Quilmes.
La ley ordena la desafectación del lugar de sus actuales funciones —allí sigue funcionando una dependencia de la Policía Bonaerense—, la cesión en comodato por 99 años de la propiedad a la Comisión Provincial por la Memoria y establece que su gestión deberá contar con un amplio consenso. En ese sentido, crea un órgano de gestión integrado por la CPM, el Colectivo verdad justicia y memoria de Quilmes, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el municipio.
La ley aprobada garantiza el financiamiento por parte del Estado y, al mismo tiempo, una gestión sostenida con la participación plena de la comunidad dando cuenta de las múltiples expresiones y referencias construidas en la lucha por los derechos humanos y la memoria. Así, en la gestión prevalecerá el principio de la autonomía en las decisiones acerca de qué hacer en el sitio y cómo hacerlo.
La experiencia de la Comisión Provincial por la Memoria muestra que la autonomía garantiza la permanencia en el tiempo y la construcción de consensos plurales que permiten la elaboración de una memoria democrática y dinámica así como el fortalecimiento de la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos.
Desde la CPM celebramos la sanción de la ley, en tanto creemos que es parte de la consolidación de las políticas de memoria que deben ser políticas de estado.
