Ana López, integrante de esa organización, expresó que existe miedo de la sociedad en reconocer el sistema jurídico de los pueblos indígenas, lo que aseveró se puede traducir en discriminación.
La discriminación está institucionalizada dentro de los entes públicos y en el Congreso, lo otro es que falta más información jurídica, incluso de parte de los propios abogados, tanto litigantes como asesores en los distintos entes del sector público, indicó.
Para López, la importancia de la justicia indígena radica en que con o sin reconocimiento constitucional, ese sistema ha estado y ha permanecido como parte de la resistencia ejercida por los pueblos indígenas durante más de 500 años.
“Es el sistema que ha contribuido tres veces más que el propio sistema de justicia de Guatemala, porque cotidianamente se resuelven problemas y sentencias de las autoridades a nivel comunitario, el problema es que el sistema racial no quiere reconocer eso”, anotó.
La abogada señaló que la justicia ancestral responde de manera más rápida, es reeducadora y resocializadora porque toda la comunidad se involucra en la solución del problema y hace reflexionar al sujeto responsable, por lo que exigen el reconocimiento constitucional y respeto a la jurisdicción indígena.
Hay miedo a perder el control, otra vez es una expresión del racismo que prevalece en la sociedad guatemalteca, expresó.
López hizo énfasis en que existe desinformación sobre el sistema indígena y se está confundiendo a la población con información malintencionada. Están utilizando los linchamientos y eso no es parte de la práctica del sistema de justicia indígena, nos están mal informando para manipular, anotó.
Se mantiene violencia
La Alianza de Mujeres también manifestó que en el país se mantiene la violencia política en contra de las mujeres al negar su participación paritaria y alterna en cargos de elección popular.
Otro de los aspectos señalados es que a pesar de que han transcurrido 20 años de la Firma de los Acuerdos de Paz, la desaparición, secuestros, asesinatos, criminalización y persecución contra este sector son prácticas que aún continúan.
