Con esto se ordenaba al Estado a pagar 30 millones de pesos a la autoridad mapuche, por concepto de daño moral provocado por el supuesto maltrato físico y psicológico que había sufrido el 4 de enero de 2013, en el marco de un allanamiento desarrollado por Carabineros, durante las diligencias derivadas del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Aner Padilla Buzada, el abogado integrante Claudio Bravo López y el fiscal judicial Wilfred Ziehlmann Zamorano– concluyó que la parte demandante no acreditó ningún hecho que diera sustento a su petición, por lo que rechazó la acción indemnizatoria.
El fallo detalla que se revoca, la sentencia apelada,de 5 de octubre de 2015, donde se acogió la demanda con costas y se declara que se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, sin costas por aparecer de los antecedentes que litigó con motivos plausibles.
