La iniciativa catalana estaba suspendida desde diciembre, cuando el alto tribunal admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad de la Abogacía del Estado español, impulsado por el gobierno conservador de Mariano Rajoy.
Además de dejar sin efecto la resolución, el TC pidió a la Fiscalía que estudie si cabe actuar penalmente contra la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cuatro integrantes de la mesa de esa cámara que permitieron su votación, entre los que figura un diputado no independentista de la coalición que integra Podemos.
En esta ocasión, los independentistas introdujeron la iniciativa parlamentaria en el debate de política general del parlamento regional. Así, uno de los capítulos aprobados incluyó el polémico referéndum vinculante sobre la secesión de la norteña región de España.
Forcadell ya está acusada de desobediencia por haber permitido el debate y aprobación de las conclusiones de una comisión sobre el "proceso constituyente" catalán, que abría la puerta a un referéndum unilateral.
Tras conocer la nueva resolución del alto tribunal, la dirigente independentista escribió en su cuenta de Twitter que "el único diálogo que se nos ofrece es con los tribunales".
Por su parte, la vicepresidenta y vocera del gobierno catalán, Neus Munté, ratificó que seguirán adelante con la "hoja de ruta" secesionista a pesar de los vetos del Constitucional y la judicialización del conflicto.
El gobierno español de Mariano Rajoy insiste en que está abierto al "diálogo" pero dentro del marco de la ley, por lo que se opone frontalmente a negociar un referéndum de secesión que atenta contra la unidad de España y la soberanía consagrada en al Constitución.
El TC volvió a advertir este martes explícitamente a Forcadell y al actual presidente catalán, Carles Puigdemont, de las consecuencias legales que se pueden derivar del no cumplimiento de sus resoluciones.
