"El Estado tiene previsto abrir delegaciones de Migraciones en distintas Intendencias, para manejar a los inmigrantes indocumentados y eludir el supuesto manejo de los jefes comunales con fines partidarios antes de los comicios", sostuvo el titular del gremio ladrillero, quien agregó que "de lo que realmente se trata es de estigmatización. Se estigmatiza a los inmigrantes, al tratarlos desde una lógica de mercado. Hay una mirada de
sospecha sobre los inmigrantes y ellos no son un ejército de reserva para la delincuencia, ni una amenaza a las fuentes de trabajo. Por ende, las políticas migratorias del gobierno promueven la discriminación".
A su vez, Heras González, destacó la tarea realizada junto con el sindicato y afirmó que "gracias al trabajo en conjunto que estamos llevando a cabo entre la UOLRA y el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina, estamos nacionalizando y documentando a la mayoría de los inmigrantes de nuestra comunidad".
Asimismo, Cáceres hizo alusión a la Ley 25.871 sancionada en 2004 que regula la inmigración en el país al afirmar que es "una legislación modelo a nivel mundial porque reconoce y garantiza el derecho humano a migrar, es decir, establece que la migración es un derecho humano y extiende la protección de derechos constitucionales a todos los inmigrantes dentro del país, más allá de su estatus legal, garantizando a los inmigrantes el derecho de igualdad de trato".
Cabe destacar que la mayoría de los trabajadores de la actividad ladrillera provienen de Bolivia o de países limítrofes y realizan sus tareas en condiciones extremas en lugares que no cuentan con luz, agua o cloacas y, en muchas ocasiones, se cuenta con casos de trabajo infantil y abusos patronales.
