Israel Alegre (foto), histórico dirigente qom de Formosa, manifestó: “La Planta de Uranio se pretende instalar a cuatro kilómetros de la comunidad. El tema no se trata solamente de la ubicación sino también de la contaminación potencial de este proyecto. Vemos que la provincia está violando el Art. 38 inciso 3 de la Constitución Provincial y el Art. 41 de la Constitución Nacional. Estamos hablando de no contaminar el ambiente. El reclamo más importante aquí es el derecho a la vida. A veces seguimos pensando que para la provincia de Formosa, los indígenas no somos seres humanos”.
Dioxitek es una empresa estatal, cuya mayoría accionaria está en manos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (99%, el 1% restante le pertenece a la provincia de Mendoza), y se encarga de la producción del dióxido de uranio en polvo utilizado para el combustible de las centrales de Embalse y Atucha I. La nueva planta tendrá capacidad para producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año, lo que significa triplicar el actual nivel de producción con el que cuenta nuestro país. A través de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno Nacional ratificó el año pasado que la planta empezará a operar hacia fines del 2019.
El año pasado, en el marco de la audiencia ciudadana "Los derechos humanos y la contaminación ambiental. Caso Dioxitek", el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), docente e investigador universitario, Raúl Montenegro, sostuvo que Dioxitek intentó radicarse en varios lugares de Córdoba, en Mendoza y la Rioja, sin lograrlo. Además, dijo que la planta funcionó siempre sin informar a la comunidad sobre sus actividades y que la Comisión Nacional de Energía Atómica ocultó los impactos negativos que producía.
La lucha de la comunidad Nam Qom no es nueva ya que en el 2014 presentaron un recurso de amparo para detener la obra. “Cuando nos presentamos ante la Justicia Federal, el Juez entendió que era competencia de la Justicia Provincial. Se apeló ese falló. En 2016 se eleva la cautelar ante la Corte Suprema de Justica. En enero de 2017, la Procuradora General de la Justicia saca un dictamen diciendo que es competencia de la corte Suprema de Justicia. Aunque el dictamen de la Procuradora General no es vinculante, se puede observar que se tiene en cuenta la violación de la legislación internacional”, señaló Alegre.
En el año 2014 se realizó una audiencia pública en la que se expusieron los beneficios, las ventajas y las posibilidades que la provincia viviría con la puesta en marcha del proyecto nuclear. Desde la empresa estatal se llegó a declarar que su salida de la provincia de Córdoba se debió, entre otras cosas, a una actividad importante de grupos ambientalistas a lo que se suma una "muy mala prensa en materia nuclear”. Israel Alegre, sostuvo que: “La provincia convocó una audiencia pública sin tener en cuenta que hay que llevar esta consulta previa, libre e informada a las comunidades. Pero no sólo a la comunidad Nam Qom, sino también a la ciudadanía formoseña, que también deben ser informados, todos tienen que saber que se va a trabajar con materiales muy nocivos, materiales radioactivos. No hubo consulta previa, libre e informada para desarrollar este proyecto. No hubo espacios y no hubo consultas por asambleas, no hubo información fluida en nuestro idioma. Con todo eso nosotros, como comunidad Indígena, podíamos dar o no el consentimiento”.
Finalmente, Israel Alegre destacó que la ciudadanía formoseña tiene este año la posibilidad de volver a decidir si quiere que nos sigan contaminando con las leyes.
“Sabemos que cuando esto comience a contaminar vamos a poner en riesgo la vida de muchas generaciones. Uno no puede decirle al viento norte que pase por otro lado. La planta va a trabajar y el viento va a llevar todo ese veneno, ese polvillo, a las casas, los animales, las aguas y los cuerpos de todos nosotros”, concluyó.
*Por Agencia Periodística Timbó
