Según el primer boletín humanitario de la Oficina este año, la destrucción de viviendas y otras instalaciones en la ocupada Cisjordania duplicó las reportadas durante 2015.
“Las demoliciones fueron justificadas por la falta de permisos, algo casi imposible de obtener”, precisó la OCHA.
Miles de personas quedaron desplazadas o afectadas por esta práctica de los ocupantes, que de acuerdo con la Oficina, arrancaron en 2017 con un ritmo acelerado, al destruir o decomisar 140 estructuras en enero en la Ribera Occidental.
Israel combina las demoliciones con la expansión de sus asentamientos en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, un escenario dirigido a alterar la demografía de esos territorios palestinos, sepultando la reclamada solución de los dos Estados.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en diciembre la resolución 2334, que exige el cese de la colonización e insta a las partes a evitar cualquier acción unilateral que ponga en peligro una salida negociada del diferendo.
La OCHA también mostró preocupación por la situación en la bloqueada Franja de Gaza, donde las autoridades israelíes solo aprobaron 64% de las solicitudes de traslado por razones médicas fuera de ese territorio, aún sin recuperarse de los más de 50 días de bombardeos en 2014.
