La causa fue caratulada como homicidio. Interviene la UFI 7. En horas de la tarde de ayer, el oficial de la Policía Federal, Ariel Fernando Saranati, quien se encontraba fuera de servicio pero portaba su arma reglamentaria, disparó contra Franco de 22 años.
Dos impactos de bala en el pecho terminaron en el acto con su vida. El hecho se produjo en el barrio La Cárcova de San Martín, en la provincia de Buenos Aires”. Asi lo denunció en un comunicado que reproducimos más abajo, completo, la Comisión Provincial de por la Memoria.
El asesinato se habría producido en el marco de una tentativa de robo. El fiscal Fabio Cardigonde, a cargo de la UFINº 7 de San Martín concurrió al lugar y realizó las primeras investigaciones para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho. Saranati, el oficial acusado del asesinato, se encuentra detenido y fue imputado por homicidio.
La CPM tomó inmediatamente conocimiento del asesinato y se encuentra haciendo las acciones correspondientes para establecer las responsabilidades del oficial de policía y acompañar a la familia de la víctima.
Hace apenas una semana, en el mismo barrio, integrantes de la CPM marcharon junto a vecinos para conmemorar un nuevo aniversario de la denominada “masacre de La Cárcova”. En aquel violento episodio dos jóvenes de 16 y 17 fueron asesinados a manos de efectivos de la policía bonaerense.
En este escenario de violencia creciente se vuelve imprescindible, entre otras cuestiones, la discusión en torno la portación de armas reglamentarias de agentes de fuerzas de seguridad que no se encuentran en servicio. La CPM he denunciado esta modalidad como uno de los patrones que, de manera sistemática, hacen que se extienda la práctica del gatillo fácil y el uso letal de la fuerza policial.
La CPM exige que se realice una investigación judicial seria y rigurosa que permita establecer las responsabilidades, para lo cual resulta indispensable que no haya intervención policial alguna.
Este episodio, que da cuenta de una práctica sistemática, vuelve a poner de relieve la necesidad de adoptar políticas públicas que reviertan el estado de violencia del que son víctimas principales los jóvenes.
(APL)
