El comandante del Ejército colombiano, general Alberto José Mejía, en una entrevista con la agencia Reuters, dijo el domingo que en torno a 300 hombres ven más incentivos en el narcotráfico y la minería ilegal que acogerse al acuerdo de paz, firmado en noviembre para acabar con 52 años de conflicto.
"Las FARC han presentado y reconocido unas disidencias. En el Bloque Oriental los frentes primero, séptimo, 44 y Acacio Medina, y en el Bloque Sur los frentes 14 y 64. Esto es lo que conocemos al momento y es el 5 por ciento de las FARC, aproximadamente 300 hombres", especificó el militar colombiano, que considera la desertación una cifra "alejada" en comparación con el 20 % de otros conflictos.
Esta es la primera cifra oficial que se conoce sobre el disidencias entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras se concluye la concentración de unos 6000 combatientes en cumplimiento del acuerdo de paz para dejar las armas y desmovilizarse, unos 1000 menos que los miembros que se estimaban de esa guerrilla.
Dirigiéndose a los disidentes, Mejía advirtió de que estos "hacen parte del sistema de amenaza persistente y sobre ellos va todo el poder de combate del Ejército y la institucionalidad".
De acuerdo con informes, los guerrilleros de las FARC que se niegan al desarme, son reclutados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o bandas criminales que buscan ocupar las zonas desalojadas para controlar el narcotráfico y la minería ilegal, enfatizó.
Ahora, está en marcha la implementación del segundo acuerdo Bogotá-FARC, pues el primero fue rechazado en un plebiscito, después de unos cuatro años de negociaciones en Cuba entre el Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la guerrilla para poner fin al conflicto armado más extenso de América Latina que dejó unos 220.000 muertos.
Una de las medidas contenidas en ese documento es el desarme de ese grupo en los llamados puntos y zonas veredales de transición (26 en total dentro de 14 departamentos), donde estarán acompañados por un mecanismo de supervisión con observadores de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, cuestionó al gobierno colombiano por demoras en la adecuación de los campamentos guerrilleros y pidió rapidez en la preparación de la reintegración. Asimismo. llamó a diseñar con suficiente tiempo de antelación el programa para reincorporar a la vida civil a los integrantes de esa organización, en fase de desmovilización, paso que en su opinión será un desafío mucho mayor.
Faltan apenas tres meses para diseñar y poner en marcha ese programa de reintegración, advirtió el experto colombiano.
