A. Villegas era mujer trans de 30 años que quedó en estado de coma tras haber recibido un tiro de escopeta que le destrozó la cabeza. Fue en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
Esos son sólo ejemplos de los 31 crímenes de odio que se registraron en la Argentina en 2016. Los datos no son exactos. Incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o que fueron denunciados en la Defensoría LGBT o en las organizaciones de la FALGBT. Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio y registradas en el informe, el porcentaje más alto corresponde a mujeres trans, en segundo lugar a las lesbianas y por último los varones cis gays.
La Federación Argentina LGBT (FALGBT) junto la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina, La Fulana y la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entregaron el primer informe del Observatorio de Crímenes de Odio hacia la Comunidad LGBT a Vitit Muntarbhorn, primer Experto Independiente sobre protección contra la violencia y discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) de las Naciones Unidas (ONU).
El informe aclara que no se realizaron estimaciones sobre los casos no registrados puesto que hallar registros de víctimas LTGB es muy difícil ya que no a todas las personas trans asesinadas se las registra como tal ni se les respeta su identidad de género. No todos los crímenes de odios de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan de esa manera: son muchos los casos en que se oculta la orientación sexual de las personas.
¿Qué es para el Observatorio Nacional LTGB un crimen de odio? Se trata de actos voluntarios consientes, generalmente realizados con saña, que toman la forma de agresiones violentas dirigidas a lesionar derechos.
El informe detalla que de los crímenes registrados, el 43,33% corresponde a asesinatos y el 56,66% a violencia física que no terminó en muerte. O sea, en 2016 murieron por discriminación por orientación sexual, identidad de género o su expresión, 13 personas de la comunidad LGBT: 12 mujeres trans y una lesbiana. Del total de asesinatos, el 92,3%% son de mujeres trans.
De los autores de “los crímenes manifestados en violencia física que no terminan en muerte”, es posible afirmar que el 66,6% es cometido por personas privadas y el 33,4% restante es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando estos, casos de violencia institucional.
Es alarmante que, según el informe, una de cada tres personas sufre agresiones que “lesionan el derecho a la integridad física por parte de de las fuerzas represivas del estado”. Una vez más, el Observatorio define violencia institucional como toda violencia realizada por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución del Estado, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que los habitantes tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la legislación. Quedan comprendidas, además, las violencias que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas, de la sociedad civil, etc.
En relación a las edades de las víctimas de los crímenes de odio, el informe dice que la franja etaria que más afectada se encuentra es la de 30 a 39 años. El dato, en el caso de las mujeres trans asesinadas, coincide con la con la esperanza de vida para ese grupo expresada en la investigación “La transfobia en América Latina y el Caribe” la Redlactrans: “los promedios de esperanza de vida según los datos que poseen algunas referentes arrojan un mínimo de 35,5 y un máximo de 41,25 años. Mientras tanto la esperanza de vida en Latinoamérica (de las personas no trans) ronda los 75 años”.
En el 51,6% de los crímenes de odio no hay datos sobre la edad de las víctimas. Todos los casos que constituyen este porcentaje se corresponden con mujeres trans y tiene relación directa con el fenómeno de invisibilización.
El informe entregado al experto de la ONU Vitit Muntarbhorn da cuenta también de la distribución geográfica: el porcentaje más alto ocurre en la provincia de Buenos Aires, le sigue la Capital y la provincia de Salta. En cuarto lugar se encuentran Santa Fe y Córdoba, con igual número de casos. El resto de los casos se encuentran distribuidos con porcentajes muy bajos en Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Tierra del Fuego.
