Lula da Silva goza del favoritismo en todas las encuestas para volver a la presidencia de Brasil, pero hace un año, el 4 de marzo de 2016, su carrera política cambió con la irrupción en su vida de la Operación Lava Jato, en cuyo marco el juez Sergio Moro allanó la vivienda del líder del Partido de los Trabajadores y lo llevó por la fuerza a declarar con la policía federal.
Para el Partido de los Trabajadores (PT), la decisión de Moro de llevar a Lula a declarar al aeropouerto de Congonhas, en la zona sur de San Pablo -luego de haber avisado a la televisión, que transmitiía en vivo el procedimiento- "fue el inicio del golpe" que derrocó más tarde en juicio político a Dilma Rousseff.
Moro y Lula, quien denunció al juez por persecución ante el comité de Derechos Humanos de la ONU, se verán las caras el 3 de mayo a las 15, según la citación extendida por el magistrado al ex mandatario por la causa sobre un departamento que la fiscalía dice que fue regalado por una empresa que recibió beneficios de corrupción.
Hasta el día de hoy los analistas políticos de Brasil se preguntan si en realidad lo que hizo Moro fue detener al ex presidente, pero se arrepintió a raíz de la gran convulsión popular que generó, con miles de personas en las calles de las grandes ciudades respaldando al fundador del PT.
Moro quedó expuesto a nivel nacional con la decisión de llevar a Lula en un trámite conocido como "conducción coercitiva", cuando un testigo es llevado por la fuerza cuando se niega a declarar.
Pero según Lula nunca había sido intimado por Moro a declarar en una causa que hoy está en pleno juicio y toma de declaración de testigos: un departamento en el balneario de Guarujá que la familia del ex presidente visitó pero no compró, propiedad de la empresa OAS.
El departamento es de OAS, empresa involucrada en el pago de sobornos de Petrobras, y la fiscalía sostiene que Lula recibió ese departamento como parte de los desvíos, pese a que el inmueble figura a nombre de la compañía.
A las 6 de la mañana de hace un año, Lula les abrió la puerta de su departamento en San Bernardo do Campo a los policías federales, que se llevaron las tablets de sus nietos, buscaron dinero debajo de los colchones y se llevaron los celulares del dirigente y los de su esposa, fallecida el mes pasado.
El caso dividió las aguas entre Lula -que 12 días después intentó ser jefe de gabinete de Rousseff- y el juez Moro, quien se convirtió en un héroe de los manifestantes que terminaron apoyando el impeachhment de Rousseff y al gobierno de Michel Temer junto con la antigua oposición al PT.
Un año después, los muñecos con trajes a rayas que emulaban a Lula han desaparecido de las manifestaciones de estos grupos anti-PT y el ex presidente aparece como favorito, con más del 30% de los votos, en todos los escenarios, para volver a comandar el país.
El juez Moro recibió, también, duras críticas por haber ido a buscar a Lula por la fuerza y hacerlo declarar en un aeropuerto, sobre todo de sus superiores de la corte suprema, que vieron a un juez de primera instancia de la modesta Curitiba marcar el pulso de la agenda política y jurídica del país.
"No se puede hacer justicia con el látigo. Que yo sepa, Lula nunca se rehusó a responder a la justicia. Cuando se potencializa el objetivo a ser alcanzado en detrimento de la ley, se parte hacia el ajusticiamiento y eso no forma parte de nuestra Constitución", dijo el juez de la corte Marco Aurelio Mello.
La defensa de Lula califica el episodio como una "privación ilegítima de la libertad" por la que ha pedido indemnizaciones y el propio ex presidente aprovechó el momento de conmoción popular, luego de declarar, para decir una frase que ya está en la historia política: "Quisieron matar a la yarará pero no le dieron en la cabeza, le dieron en la cola, porque esta yarará está viva.
