A la misma vez que sellaba la aprobación de su cuerpo a la medida, una que es crucial para el Plan Fiscal certificado por la JCF, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que “Puerto Rico tiene grandes retos y desafíos y anticipo tendremos choques con la Junta”.
La medida fue aprobada en la Cámara Alta con 19 votos a favor, siete en contra y uno abstenido.
Por su parte, el Presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, aseguró que los 26,500 empleados de las corporaciones públicas, así como los 101 mil empleados de las agencias de la Rama Ejecutiva, conservarán sus beneficios de plan médico inalterados hasta julio de 2018, en especial en el caso de trabajadores que tengan familiares que se estén sometiendo a algún tratamiento por una condición catastrófica o terminal. Sostuvo que esta enmienda representa unos $136 millones, que serán ajustados en el presupuesto.
“La función de nosotros es buscar en este periodo de tiempo los recursos en el presupuesto que nos va a presentar el señor Gobernador y buscar los ahorros en el Gobierno Central”, señaló Méndez Núñez.
Añadió que “en este proyecto estamos tomando en consideración un aumento de cuatro a ocho horas a la licencia que existe para visitas a las escuelas; le garantizamos las 10 horas en el caso de que tengan una condición especial para que puedan asistir a la escuela y también a la confección del Programa Educativo Individualizado (PEI) y a la discusión del mismo”.
“Una vez que mejore la situación fiscal de Puerto Rico, un comité evaluará el cumplimiento de las métricas para restituir paulatinamente los derechos de los trabajadores”, dijo el líder cameral.
Mientras que el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Antonio “Tony” Soto Torres, sostuvo que con esta medida se cumple con las métricas impuestas por la JCF, ya que la alternativa era el despido de 45 mil empleados.
“Las enmiendas introducidas a esta medida atendieron muchas de las inquietudes que se trajeron a la mesa, atendieron la situación fiscal de nuestra Isla, pero de igual forma nosotros de manera responsable y sensible con nuestros empleados públicos, atendemos sus reclamos, sus inquietudes y hemos demostrado con nuestras acciones que valoramos su esfuerzo, su trabajo y que les respetamos y estamos de su lado. Queremos que ellos estén bien, esa es la realidad”, puntualizó el legislador.
Soto Torres recordó que, además del despido de miles de empleados públicos, las propuestas de la JSF incluían que se les rebajara un 10 % a los pensionados de sus pensiones, la reducción de la jornada laboral entre dos o cuatro días al mes y reducir el gasto en servicios médicos a razón de $1,000 millones.
“Hubiesen sido 45 mil familias sin ingresos, sin capacidad de pagar sus hipotecas y alquileres, sin ingresos para pagar sus vehículos, sin capacidad para hacer compra y proveerles sustento a sus familias. ¿Cuántas casas serían reposeídas? ¿Cuántos carros serían confiscados o reclamados por los bancos? Esa hubiese sido la consecuencia que aquí no se mide. El caso de Puerto Rico, hubiese sido peor que el de Detroit”, sostuvo.
La pieza, además, busca establecer un sistema uniforme de beneficios marginales, incluyendo el bono de navidad y aportación al plan médico, para todos los funcionarios y empleados públicos de las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, con excepción de la Universidad de Puerto Rico.
La consideración de la medida provocó un paro por parte de los empleados unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica y una manifestación multitudinaria en el Capitolio que resultó en trifulcas con manifestantes y legisladores.
