El titular del Juzgado Criminal y Correccional N°18, Pablo Ormaechea, hizo lugar a lo requerido oportunamente por la fiscal Romina Monteleone, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°37, y dispuso que a partir del 2 de mayo próximo comiencen a ser indagados los responsables de la firma Iron Mountain, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los empleados de la proveedora del sistema contra incendios y el sereno que trabajaba en el depósito que se incendió en la mañana del 5 de febrero de 2014.
La serie de indagatorias se iniciará el 2 de mayo próximo, con la declaración del empleado de la empresa Segurplus S.A., Oscar Alfredo Godoy, quien se desempeñaba como personal de seguridad del depósito en el momento del siniestro. Godoy ya había declarado como testigo, pero ahora lo hará en calidad de imputado. Le seguirá el encargado de Seguridad e Higiene de Iron Montain, Héctor Eduardo García.
Tras ellos será el turno de las autoridades de Iron Mountain, Guillermo Eduardo Lockhart, Pedro Meierhold, Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo, y de los funcionarios del GCBA, Luis Alberto Cogo, Roberto José Chiesa, Vanesa Ileana Berkowski, Silvia Miriam Hers, Gastón Luis Laugle, Patricia Moroni, Jorge Andrés Salazar, Rafael Mario Roldán, Fabián Conrado Davies, Pierre Louis Chapar, Norberto Ventura Sosa, Edgardo Nardi, Norberto Leandro Hirsfield, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani.
En el mes de septiembre está prevista la indagatoria de Christian W. Castiñeiras, en su calidad de Director Técnico de la empresa “Climate, Controls & Security S.A.” (ex Kidde Argentina S.A.) y de los técnicos Luis Fontanello y Martín Arriguez.
Asimismo, la fiscal Monteleone había imputado al apoderado de Iron Mountain, Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, y a Matías Nicolás Griffo -inspector de la División Prevención- y Raúl Arbor –Comisario Inspector que se desempeñaba como Jefe del Departamento Seguridad contra Incendio y Riesgos Especiales- de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina. Sin embargo, en su resolución del 31 de marzo pasado, el juez Ormaechea ordenó que se formase incidente de prescripción respecto a ellos.
El 5 de febrero de 2014, alrededor de las 8:00, se disparó la alarma de incendio de dos sectores del depósito de la calle Azara 1245. Los empleados de seguridad, Oscar Godoy, y de limpieza, Noemí Moya, que estaban en el lugar, concurrieron a verificar si había fuego. Moya detecta humo en el depósito 7 y avisó a Godoy, quien alertó al supervisor de la planta, Javier Márquez Flores. Los tres intentaron combatir el fuego con los matafuegos del lugar, pero al ver que ello no era posible, dieron aviso al servicio de emergencias 911, que movilizó a distintas dotaciones de bomberos, móviles de las seccionales N°26 y 30 de la PFA y de la Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil.
Comenzadas las tareas para extinguir el incendio, un grupo de bomberos ingresó al predio por la entrada de la calle Azara, mientras que otro grupo trabajaba sobre el acceso de la calle Melchor Gaspar de Jovellanos. Pasadas las 9 de la mañana, la pared de la calle Jovellanos se desplomó encima del comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz, el cabo Maximiliano Martínez, y del agente bombero Juan Matías Monticelli, quienes fallecieron en el acto junto a los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos (del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha), y el rescatista Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti y Facundo Ambrosi, quien finalmente murió el 17 de febrero, como consecuencia de múltiples traumatismos.
En el depósito siniestrado, Iron Mountain archivaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas: DirecTV Argentina; Cargill S.A.C.I.; Prudential Seguros S.A.; Expeditors Argentina S.A.; Televisión Federal Telefé, Galicia Seguros S.A., Galicia Retiro Cía de Seguros S.A., Sudamericana Asesores de Seguros S.A., Swiss Medical S.A.; Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes S.R.L.; Sandoz S.A.; Glaxo Smithkline Argentina S.A.; Caja de Valores S.A.; Metlife Seguros S.A.; Menarini Argentina Laboratorios Farmacéuticos S.A.; Akzo Nobel Argentina S.A.; Warner Music Argentina S.A.; Transcargo Argentina; Seguro de Depósitos; Arauco Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A.
Al día siguiente del incendio, y mientras aún intentaban extinguir el fuego, la entonces fiscal a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°37, Marcela Sánchez, recibió los testimonios de los empleados que se encontraban en el lugar cuando se desató el fuego: Godoy, Moya, Márquez Flores y los operarios Pablo Céledon y Mario Guanco. A su vez, el 7 de febrero declararon los bomberos voluntarios Martín Coppola y Martín Scorza, del Cuartel de La Boca, y Marcos Daniel Herrera del Cuartel de Vuelta de Rocha. Los testigos del derrumbe fueron contestes en que la pared que se desplomó no presentaba grietas o fisuras que permitieran evidenciar el fatídico desenlace.
Asimismo, la fiscalía pidió a la División de Apoyo Tecnológico de la PFA y a la Policía Científica de la Gendarmería Nacional, el análisis de las filmaciones obtenidas de distintas cámaras de seguridad de la zona, cuyo análisis comenzó el 10 de febrero y se extendió casi un mes, sin que de las imágenes surgiera algún elemento de interés para la investigación.
En los días sucesivos continuaron recabando testimonios, y comenzaron a analizar la central de alarmas del depósito, como así también las transcripciones del registro de trunking (intercomunicaciones) entre el Servicio de emergencias 911, Bomberos y PFA. También se presentaron las primeras querellas que representan a los familiares de las víctimas, las cuales desistirán de la acción penal, con el correr de la investigación, tras alcanzar un acuerdo civil con la empresa Iron Mountain.
El 28 de abril de 2014, personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desmantelar los escombros del depósito. Las labores se extendieron por varios meses, dado que se realizó “por capas”, mientras se enviaba a peritar el material colectado.
En febrero de 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales, en los que se concluía que el incendio podría haber sido intencional. Sin embargo, restaba el estudio de los facultativos de la Universidad Tecnologica Nacional (UTN), que fue entregado a mediados del año pasado y que contradecía la hipótesis de los otros informes, respecto a un incendio intencional.
En base al informe de la UTN, se realizó una inspección ocular en las ruinas del predio, en agosto del año pasado y el pasado 2 de febrero, la fiscal Monteleone, requirió la indagatoria de los 32 imputados que tiene la investigación del siniestro que le costó la vida a diez personas.
Foto: Lucas Herrera/Ministerio Público Fiscal/www.fiscales.gob.ar
