Desde la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en España, en mayo de 2015, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, las sanciones han aumentado en el país.
La Ley Mordaza es fuertemente rechazada por la oposición y la ciudadanía porque vulnera el derecho de reunión y manifestación, el derecho a la libertad de información, a la intimidad y a la tutela judicial efectiva.
La ley, que sanciona supuestamente el enaltecimiento del terrorismo, ahoga desde hace dos años la libertad de expresión de los ciudadanos.
La Ley Mordaza provocó que en el año 2016 periodistas fuesen multados por fotografiar manifestaciones.
Delito de opinión en España
A inicios de 2017, el cantante del grupo de rap-metal Def Con Dos, César Augusto Montaña, conocido como César Strawberry, fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia de España a un año de prisión por seis mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, por ironizar con la vuelta de los GRAPO y ETA, o sobre la muerte del exmilitar y político de la dictadura Luis Carrero Blanco.
Por otro lado, la joven Cassandra Vera, estudiante española de 21 años fue sancionada el pasado 29 de marzo a dos años y seis meses de cárcel, más tres años de libertad vigilada, por publicar también en Twitter 13 mensajes de carácter humorístico sobre el atentado contra Carrero Blanco.
En ambos casos, estas personas fueron consideradas por la justicia española como culpables de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación, condena que avala la polémica “Ley Mordaza”.
En mayo de 2016, a solo un año de aplicada la legislatura, el panorama resultó ser alarmante para los ciudadanos españoles. Según datos de organizaciones sociales, la Ley ejecutó 40.000 sanciones, de las cuales, más de 6.200 fueron por “faltas de respeto a las fuerzas de seguridad” y unas 3.700 por “desobediencia y resistencia a la autoridad”.
Al menos 30 personas son multadas cada día en España por presuntos insultos a las fuerzas policiales. Las sanciones previstas por la normativa van de los 100 a los 600.000 euros, en función del tipo y la gravedad del delito, y no solamente recae sobre ciudadanos comunes, sino sobre todo en profesionales de la comunicación.
Proceso de derogación
El pasado 22 de marzo el Congreso español aprobó el proceso de reforma de la ley de Seguridad Ciudadana.
Ambas propuestas serán sometidas a debates en la comisión correspondiente y volverá al pleno, donde podrían ser aprobadas o rechazadas. La negociación será compleja, ya que quienes se oponen no tienen una posición común.
Organizaciones internacionales como el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) han criticado la denominada “ley mordaza” por las “restricciones injustificadas” que impone a los derechos de la libertad de información, expresión y de reunión.
