La nueva misión, con un personal y un mandato reducido, “ayudará al Gobierno de Haití en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la prestación de apoyo técnico y operativo de la Policía Nacional en la ejecución de su Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2021 y el apoyo sobre la situación de los derechos humanos, para informar y analizar”, dijo Honoré en rueda de prensa.
Estará formada por un máximo de siete unidades de policías en lugar de 11 como en la actualidad, subrayó.
Los quince miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaron el pasado jueves una resolución que extiende por un periodo final de seis meses la operación de la Minustah, tal y como había recomendado el secretario general, António Guterres.
La resolución 2250 decreta que el componente militar de la Minustah debe reducirse gradualmente en los próximos meses hasta completar su “retirada plena” como muy tarde el 15 de octubre.
Actualmente, la Minustah cuenta con unos 2.370 “cascos azules” y con unos 2.600 policías.
La operación tendrá una sucesora, bautizada como Minujusth, que se centrará en apoyar a la Policía haitiana, promover el Estado de Derecho y vigilar el respeto de los derechos humanos.
Esta nueva misión no tendrá personal militar y será mucho más reducida, compuesta por un máximo de siete unidades de policía constituidas y 295 agentes.
El Consejo de Seguridad aprobó darle un mandato inicial de seis meses, entre octubre de este año y abril de 2018.
Estos cambios se dan, argumentó Honoré, “en un momento en el que el país puede alegrarse de un progreso notable en su estabilización y la consolidación democrática”.
“Estos avances permitirán no solo a las autoridades nacionales y locales hacer frente a los múltiples desafíos que enfrenta el país, sino que también se abrirá un nuevo capítulo en la asociación entre Haití y las Naciones Unidas”, agregó.
Aunque destacó el avance alcanzado por el país en los últimos años, la alta funcionaria reconoció que aún queda mucho por hacer, especialmente en el campo del imperio de la ley, incluida la Policía y el sistema de justicia y los derechos humanos.
“El país tomará medidas concretas para satisfacer las necesidades del pueblo, para restaurar la confianza en las instituciones del Estado y mejorar las oportunidades económicas para los ciudadanos”, confió Honoré en sus declaraciones.
El pasado viernes organizaciones sociales haitianas rechazaron la instalación de la nueva misión y aseguraron que “no va a mejorar nada”.
“Nosotros las organizaciones populares vamos a continuar la lucha en todo frente contra esta misión de ocupación que ha traído al cólera al país”, afirmó ese día Oxygen David, uno de los representantes de la coalición de organizaciones.
La epidemia del cólera se inició por un vertido de residuos fecales a un río por parte de fuerzas nepalíes y se calcula que ha afectado a cerca de 800.000 personas y que se ha cobrado más de 9.000 vidas.
Mario Joseph, abogado de las víctimas del cólera que demandaron a la ONU, dijo a Efe que si el organismo “quiere apoyar a los derechos humanos puede empezar a respetar la ley y dar una indemnización al país y a las víctimas” de la enfermedad.
