Los fiscales Francisco Snopek y Carlos Martín Amad solicitaron además al Tribunal Oral Federal de Salta que declare que los hechos juzgados “constituyen delitos de lesa humanidad”, en la tercera audiencia de alegato de los representantes del Ministerio Público.
Amad y Snopek requirieron la pena de prisión perpetua para Ríos Ereñú, jefe del Regimiento de Monte 28 de Tartagal al momento de los hechos, por considerarlo autor mediato de los delitos de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad.
La misma pena y por los mismos delitos solicitaron para Miguel Gentil, en esa época a cargo de la Policía de Salta; para Joaquín Guil, que estaba a cargo de la Dirección de Seguridad de la Policía provincial y para Víctor Modesto Mendíaz, quien también fue jefe de la Policía provincial.
Para Arturo Madrigal, que era jefe de la comisaría de la localidad de Embarcación, en el norte salteño, los fiscales pidieron seis años de prisión por privación ilegítima de la libertad agravada en calidad de partícipe necesario. La misma pena solicitaron para Diego Alejandro Varas, que era jefe del Escuadrón 20 de la Gendarmería Nacional y a quien consideraron también coautor mediato de privación ilegítima de la libertad agravada.
De esta manera, el extenso juicio que comenzó el 5 de octubre de 2015 ingresó en su tramo final, tras 45 audiencias por las que pasaron 114 testigos, y se fijó para el 2 de mayo el comienzo del alegato de la defensa.
El juicio contra tres militares retirados, dos policías y un gendarme se realiza por delitos que sufrieron 32 víctimas en las ciudades de Orán, Tartagal, Colonia Santa Rosa, Metán y Salta, durante la última dictadura cívico militar.
La intervención de Snopek y Amad comenzó el 27 de marzo último, cuando hicieron un análisis detallado del contexto en que fueron consumados los hechos juzgados en este proceso oral y público, el noveno que por crímenes de lesa humanidad se realiza en Salta.
El 3 de abril, durante cinco horas de exposición, los fiscales abordaron cada uno de los casos de las diferentes causas, un total de 27 hechos de homicidio, de los cuales sólo en tres fueron encontrados los cuerpos de las víctimas y uno fue inhumado como NN en una fosa común.
Además, se juzgan cinco casos de privación ilegal de la libertad, tres de imposición de tormentos y un hecho de violación. Todos estos delitos fueron consumados entre junio de 1975 y octubre de 1976, y fueron investigados en ocho expedientes.
Integran el Tribunal Oral Federal de Salta a cargo de este proceso los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y Gabriel Casas, con Carlos Jiménez Montilla como cuarto juez.
Entre las víctimas se destacan Mario Luna, Sergio Copa, Santos Garnica, David León Paz, Silvia Sáez de Vuistaz, Reynaldo Isola, Juan López, Luis Risso Patrón, Alfredo Bellandi, Carlos Mosca Alsina, Felipe Burgos, Ernesto Mamaní, Oscar Bianchini, Néstor Díaz y las hermanas Francisca y Carmen Torres.
Otras víctimas son Osores, Juan de Dios Ortíz, Gregorio Tufiño Ruiz, Roberto Zelarayán, Angel Antonio Juárez, Benita Giménez, Raúl Araujo y Nicolasa Montilla.
Las querellas de la Universidad Nacional de Salta, representada por Tania Kiríaco, y de Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia, solicitaron en la audiencia anterior las penas de prisión perpetua y cárcel común para los acusados.
