El comunicado de la Adiunju comienza diciendo: "Sr. Gobernador: hubiese sido mejor que twitteara el número de decreto por el cual separa de sus cargos a todos los funcionarios y efectivxs de la fuerza que han avalado, ordenado y ejecutado las acciones que Ud. dice condenar".
En tal sentido, la entidad que nuclea a los docentes de la UNJu, exigió el “total esclarecimiento de los delitos e irregularidades cometidos por el accionar policial que, habiendo irrumpido, ilegalmente y por la fuerza, en instalaciones de la UNJu, detiene, también en forma ilegal a dos estudiantes, los golpea y les aplica apremios ilegales".
En otro de sus párrafos, el pronunciamiento de la Adiunju, advirte que "La policía actúa, sin orden judicial, en donde no se comete ningún delito (el fiscal penal de turno no toma intervención en el asunto) y le niega, al abogado, la presencia, en seccional, de uno de los detenidos".
También señalaron que el ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer tuvo conocimiento de los hechos, “al menos desde la mañana del 13 de abril, cuando, a solicitud del abogado de la UNJu y bajo presión por la inminente presentación de un habeas corpus, interviene para que 'aparezca' el detenido cuya presencia, en la seccional, había sido negada".
Asimismo, la entidad remarca que luego de los hechos denunciados, “tanto en el parte prensa que emite la institución policial como en la conferencia de prensa del día 14 de abril, se hacen afirmaciones mentirosas, lo que quedan evidenciado en la abundancia de material gráfico, que es de público conocimiento".
Más adelante el comunicado sostiene que "no puede eludirse que todos estos hechos se producen en el marco de la aplicación del Código Contravencional, aprobado durante la gobernación de Fellner y aplicado, con fruición, por el gobierno de Morales, con el fin de intimidar y criminalizar la protesta social; una norma de menor rango que la propia Ley Nacional de Educación Superior y que la Constitución Nacional que, en su art. 75 inc. 19 garantiza la Autonomía Universitaria".
Los docentes universitarios fundamenten su postura indicando que "el Código Contravencional es una ley provincial que justifica detenciones arbitrarias de personas que no cometen ningún delito tipificado, como tal, en el código penal; un código que se aplica exclusivamente desde el Poder Ejecutivo, con jueces nombrados por dicho poder, que deciden sobre la libertad y los bienes de los individuos, violando los principios básicos de la división republicana de poderes", al tiempo que subrayan que "esta norma ha sido seriamente cuestionada, por su inconstitucionalidad, desde distintos organismos de Derechos Humanos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, juveniles y sociales, tanto a nivel local como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Por último, la Adiunju “exige la inmediata renuncia” del ministro Ekel Meyer; de la cúpula del Ministerio de Seguridad; del jefe de Policía; del director del Departamento Contravencional; así como la “separación de todos los efectivos implicados en los hechos; el procesamiento de todos los referidos por incumplimiento de deberes de funcionario público y/o privación ilegítima de la libertad y/o apremios ilegales, según corresponda, y finalmente la derogación del Código Contravencional”, finaliza el comunicado de Adiunju.
