En medio de una vorágine mediática que lo tiene contra las cuerdas y teniendo que explicar escandalosas derivaciones de los Panamá Papers, Rodolfo Canicoba Corral resolvió ponerse a derecho y acatar el fallo de la Cámara Federal que ordena ponerle fin a la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en un plazo de 180 días, que corren desde el 16 de febrero. La decisión del magistrado, parece empezar a sellar el destino de la más dura intromisión de un Gobierno sobre una entidad gremial desde el regreso de la democracia.
Con el Decreto del 3 de mayo, Canicoba también intima al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a resolver sobre la continuidad de Alfredo Bertonasco al frente de la intervención y del proceso electoral. Sucede que las denuncias de incompatibilidad que recaen en los hombros de Bertonasco lo dejan a Triaca Jr en una encerrona: o debe cambiar al hombre designado o podría quedar al borde del incumplimiento de los deberes o de prevaricato de funcionario, puesto que obraría en contra de una ley o norma expresa.
Los antecedentes de Bertonasco lo condenan. Es que el interventor fue sancionado con una suspensión de seis meses por grave falta profesional por el Colegio de Abogados.
Otro que también tiene problemas con la ley es quien fuera elegido como operador cambista para diagramar el futuro del SOMU, Alejandro “Serrucho” Gómez. El ladero del ministro quedó en el ojo de la tormenta y, aunque sigue revistando en la Unidad Ministro, se le ordenó a Triaca desprenderse de él por la ley de ética pública. Sucede que salió a la luz el prontuario de Serrucho quien está procesado e imputado en causas gravísimas de violación, violencia de género y tráfico de drogas, como fuera publicado por Perfil.
La decisión del magistrado, entonces, dinamita otro de los planes de Triaca: el de armar unos comicios digitados, con padrones a medida. Es que el Decreto tira al cesto los intentos de purgas, o de un nuevo estatuto, o de una nueva Junta, ya que los plazos que le impone lo obligan a ajustarse a derecho y reconocer la legitimidad de la Junta Electoral para que el SOMU vuelva a manos de sus afiliados.
La letra del Juez tiene olor a revancha. Es que son muchos los observadores judiciales que creen que el Decreto podría tratarse de una “cama” al Ministro, en una suerte de devolución de favores. Recordemos que hace menos de una semana Canicoba instaló una mediática acusación al Gobierno por pedirle la renuncia para poner en su cargo caras nuevas afines al PRO.
