“Cambiemos pretende alterar el espíritu de las leyes de Marina Mercante aprobadas por unanimidad en el Senado en noviembre del año pasado”, expresó y dejó trascender los rumores de que en la Sub Secretaría de Puertos y Vías Navegables, se redactaría un posible DNU por el que Mauricio Macri impondría sus reglas de juego, o un proyecto en Diputados alternativo que aún no hizo público.
Es poco el tiempo el que falta para el 23 de mayo y cada minuto es crucial para acordar la norma marco que los actores del sector marítimo mercante y naval, plantear como necesidad desde hace años.
El tema es que el análisis de los proyectos se da en un contexto de campaña electoral y fuentes allegadas al oficialismo dejaron saber que desde el ejecutivo se espera doblar la pulseada con un DNU.
Así, se frenaría el debate y Cambiemos organizaría las piezas del rompecabezas para que la actividad continuúe operando como hasta el momento, por un tiempo más.
La lógica del oficialismo fue advertida por Solanas, y denunciada en los últimos días mediante su cuenta de Twiter.
Los gremios apoyan la Ley, pero temen por las paritarias
Los dirigentes de varias organizaciones del sector señalaron que existe “una marcada expectativa gremial” ante la posibilidad la ley sea aprobada en breve, luego de la convocatoria realizada por la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados, el martes próximo.
Voceros gremiales señalaron que la norma también es “fogoneada” desde el Ministerio de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich, porque introducirá regulaciones competitivas y contribuirá a reducir los costos laborales, un tema que es prioritario y desvela el esquema del gobierno nacional. Muchos de los contratos de los actuales buques de cabotaje -que ya deberían haber sido firmados- no fueron rubricados aún con los empresarios porque existe “la expectativa” de que ello precisamente baje los costos y produzca despidos masivos, lo que generaría “una gran incertidumbre entre los trabajadores”. “Un ejemplo es el costo fijo por barco parado, que asciende a unos 18.000 dólares diarios”, confiaron a Télam varios sindicalistas.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), cuyo mandante es la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), suele ahondar de forma recurrente en “los problemas de abastecimiento y la crisis energética heredada de los gobiernos kirchneristas”, en tanto los gremialistas del Centro de Patrones que responden a Insfrán adelantaron que en “los buques hay 500 puestos de trabajo que se perderán en septiembre próximo porque están atados a contratos que no se firman con 10 barcos”. “A ello se suma que aún no se convocó a paritarias. Los empresarios no negociarán un aumento salarial para luego producir despidos.
El contexto del debate
Como telón de fondo está el tema electoral y el impacto que puede generar un grave conflicto”, afirmaron las fuentes, que subrayaron también que desde la cartera de Transporte se considera que con la norma aprobada podrían surgir “jugadores nuevos” que desembarquen en el país, permitiendo que sea “más competitivo y determinando nuevas reglas de juego”.
Sin embargo, la sanción de la ley no es fácil a partir del inicio de la campaña electoral y la participación de gran cantidad de legisladores, quienes señalaron a los sindicalistas -según afirmaron a Télam las fuentes gremiales- que recomendaron al gobierno extender un año los contratos y, mientras tanto, analizar qué norma se aprueba para aplicar “esas políticas competitivas”. El proyecto ya fue aprobado de forma unánime por el Senado en noviembre último, y se nutrió de las iniciativas de los senadores Fernando Solanas (Proyecto Sur) y Alfredo Luenzo (Somos Todos). Los diputados acordaron la convocatoria a sus asesores para revisar los varios proyectos presentados y unificar criterios.
La ley adolece aún del compromiso empresario, ya que la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) presentó un escrito en el que reclama que para que la ley sea viable en el actual contexto debe contemplar tres puntos estratégicos. La capacidad de charteo o benéficos para los armadores argentinos se debe llegar al 200% de carga para quienes hayan construido buques en el país, generando empleo e inversiones frente a los capitales especulativos internacionales. También la FENA reclama modificar la escala de la Hipoteca Naval que está hoy en un séptimo lugar y pasar a un tercer lugar en el ranking de confianza para el recupero.
El punto más delicado que tendría un avalan gremial es la puesta en vigencia de Convenios colectivos internacionales para tener competitividad laboral, avalados por la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), la cual hoy integran los sindicatos argentinos en su totalidad.
