El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictó el procesamiento con prisión preventiva del abogado Carlos Salvador Ullúa (foto), acusado de conformar una asociación ilícita que actuó en el marco de la agrupación CNU (Concentración Nacional Universitaria) y de ocho homicidios cometidos en 1975. Ullúa estuvo nueve años prófugo -se ofrecía medio millón de pesos por información sobre su paradero- hasta que el pasado 27 de abril fue detenido entrando a un departamento de la Capital Federal.
En la causa interviene la Fiscalía Federal Nº2 de esa ciudad, a cargo de Nicolás Czizik. A fines del año pasado en ese expediente hubo sentencia luego de un juicio de casi dos años de extensión, en el que resultaron tres condenados a prisión perpetua por su intervención en homicidios y otros cuatro a 3 (dos de ellos), 5 y 7 años de prisión. Y dos acusados fueron absueltos.
En su resolución, Inchausti analizó –en primer lugar- la vinculación de Ullúa con la CNU, con sus integrantes y con los ámbitos de poder de entonces en Mar del Plata: la Universidad, la Fiscalía –que intervenía en la investigación de los homicidios- y las fuerzas armadas y de seguridad.
En primer lugar, su vinculación con la CNU viene de años anteriores a los hechos: en 1971 estuvo implicado, junto a otros miembros de la agrupación, en el crimen de la estudiante universitaria Silvia Filler, de 18 años, quien recibió un tiro en medio de una asamblea en la Facultad de Arquitectura, en San Luis y Diagonal Alberdi, donde actualmente funciona el Rectorado de la UNMdP. Este episodio, reparó el juez, no hizo a Ullúa desistir en la participación de esta organización criminal orquestada.
Sus miembros permanecieron disgregados y apaciguados hasta los ataques armados perpetrados el 20 de junio de 1973 en Ezeiza contra las agrupaciones de la Tendencia Revolucionaria del peronismo. Si a esto se suma la inmediata contraofensiva armada que fue respuesta al asesinato de su líder, Ernesto Piantoni, marca una continuidad temporal de la asociación, describió. El fin era claro: “oprimir y/o eliminar a todo aquel que se presente como opuesto a sus postulados políticos”.
Ullúa fue nombrado en 1974 en el cargo de auxiliar superior de la fiscalía federal, que estaba cargo Gustavo Modesto Demarchi, condenado a prisión perpetua en diciembre pasado.
El accionar de la CNU
Para el magistrado está claro que la organización fue montada desde el aparato estatal, de acuerdo a los evidentes vínculos con organismos de poder del Estado. Uno de ellos fue la Fiscalía Federal, entonces a cargo de Gustavo Modesto Demarchi, quien ya fue condenado a prisión perpetua por ser jefe u organizador de la asociación ilícita. Fue el propio fiscal quien propuso a Ullúa en el cargo de auxiliar superior desde noviembre de 1974, a pesar de haber estado imputado en el caso Filler. E incluso, en mayo de 1976 –durante el gobierno de facto-, lo calificó en forma sobresaliente, aunque había sido referenciado como uno de los miembros del grupo operativo que salía a secuestrar y matar.
En la Universidad entonces provincial, la CNU desembarcó con la llegada de Josué Catuogno al rectorado, quien ha fallecido pero había sido imputado por estos hechos. A partir de abril de 1975 varios integrantes de la asociación delictiva fueron nombrados en diversas áreas. Ullúa fue contratado como personal no docente, para realizar –de acuerdo a su legajo- tareas de preservación de los bienes y de vigilancia. En la casa de estudios Demarchi era coordinador académico. “Puede considerarse (a Ullúa), ya a esta altura, como principal colaborador de Demarchi”, sostuvo el juez.
Este no era un espacio menor. “El contexto universitario fue, por excelencia, el ámbito donde con mayor facilidad la CNU supo desplegar su logística para imponer su objetivo principal”, remarcó Inchausti en su resolución. Y en este sentido, hizo referencia al uso de armas, la presentación de los miembros del grupo como fuerza de seguridad o la utilización de credenciales presuntamente falsas. Y Ullúa en particular fue visto en reiteradas oportunidades portando revólveres.
Había, a su vez, una vinculación con las fuerzas armadas y de seguridad. Quedó evidenciada el día del crimen de Filler, que contó con cobertura policial. De hecho, una de las armas secuestradas como consecuencia de aquel trágico día fue con posterioridad encontrada en la casa de Ullúa. Y el procesado, de acuerdo a los informes de inteligencia de la época, colaboró con el Ejército, luego del Golpe, en “la lucha antisubversiva”.
Ullúa fue procesado como integrante de una asociación ilícita en concurso real con homicidio calificado en siete casos y con privación ilegal de la libertad y homicidio calificado en otro hecho.
Su participación en los crímenes
Al imputado se lo mencionó en reiteradas oportunidades como parte del grupo de los “operativos” de la asociación: es decir, quienes se movilizaban de noche armados por las calles de Mar del Plata, en autos robados, para llevar a cabo secuestros y homicidios. “Ullúa, entre otros tantos, conformó la mano de obra que necesitaba la organización para concretar el plan ideado en cuanto a la eliminación física de aquellos oponentes disidentes a los postulados de la agrupación delictiva que integraba”, señaló el juez.
De hecho, allí lo ubicaron varios testigos que declararon en el marco de la instrucción de la causa y el debate oral de la primera parte elevada a juicio. Mirta Masid, quien era esposa de uno de los integrantes de la banda, indicó que luego de la muerte de su líder, “el lema era 5x1, que fueron todos a vengar la muerte de Piantoni”. Esa noche fueron asesinados Enrique Elizagaray, su tío y sus dos primos, Jorge Lisandro Videla, Jorge Enrique Videla y Guillermo Enrique Videla, y el médico Bernardo Goldemberg. Allí lo ubicó a Ullúa, como también entre quienes secuestraron y asesinaron a Daniel Gasparri y Jorge Stoppani.
Masid dijo que se enteró por los diarios del secuestro -en mayo de 1975- de María del Carmen “Coca” Maggi, cuyo cadáver apareció en Mar Chiquita el día previo al golpe de Estado. “Habían salido los identikit –de acuerdo a las descripciones de la mamá de la entonces secretaria general de la Universidad Católica-, y uno era Carlos (González, su entonces pareja) y el otro era Eduardo Ullúa”, relató la mujer.
En consecuencia, y reunidos diversos elementos de prueba, para el juez está acreditada la participación del imputado en los hechos, por lo que fue procesado –con prisión preventiva- como integrante de una asociación ilícita en concurso real con el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (siete casos), en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas cometidos contra Maggi. Además, ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de dos millones de pesos.
