El Tribunal Oral Federal de Salta realizará mañana una audiencia preliminar del debate que abordará la privación ilegítima de la libertad y tormentos sufridos por el cooperativista Marcial Uro, en el marco del proceso en el que están acusados los ex jefes de la Policía y de Investigaciones de la provincia, Miguel Gentil y Joaquín Gil, respectivamente. Al juicio -que comenzaría el lunes 29 de este mes- asistirán en representación del Ministerio Público Fiscal Carlos Amad, Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila.
Los crímenes investigados habrían sido cometidos previamente al golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Hasta su fallecimiento estuvo imputado también el ex comisario Ernesto Federico Livy, titular de la delegación local de la Policía Federal Argentina.
Los hechos investigados
De acuerdo a la resolución de elevación a juicio, la hipótesis acusatoria es que personal policial provincial vestido de uniforme y de civil ingresó al domicilio particular de Uro, en el barrio Finca Independencia de Salta y, tras causar destrozos en la vivienda, lo detuvo y trasladó hasta la Central de Policía de la Provincia de Salta, donde sufrió diferentes tormentos. Tras ello habría sido confinado a la casa del comisario Livy, hasta ser liberado dos semanas después.
La Cámara Federal de la jurisdicción había confirmado el procesamiento de los acusados Gentil y Gil, a quienes consideró coautores mediatos del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, en concurso ideal con el de imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político. Esta última circunstancia quedó acreditada con los elementos de prueba reunidos durante la etapa de instrucción -en la que intervino la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Eduardo Villalba-: un legajo elaborado por el Departamento de Inteligencia 143 de Salta catalogaba a la víctima como “de ideología: presunto Montonero”. De acuerdo a los testimonios, Uro había cofundado una cooperativa de trabajo en la carpintería y herrería donde se desempeñaba y era presidente de siete villas de emergencia.
En ese sentido, figuraba además en informes de la época producidos por las distintas fuerzas militares y de seguridad en una lista de personas buscadas luego por las autoridades de la dictadura, en razón de haber realizado “acciones subversivas”. La detención de la víctima no figuró en ningún registro de la fuerza, a pesar de que el hombre fue visto por testigos cuando era trasladado a bordo de una camioneta hasta la Central de Policía.
