Con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos sostuvieron que la acusación de asociación ilícita -uno de los delitos que tomó en cuenta la sentencia del TOF de Tucumán al dictar esa condena- fue infundada o debió absolverse a el ex magistrado de dicho cargo por el beneficio de la duda.
Pese a ratificar que los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado por funcionarios judiciales formaron parte del plan sistemático y son imprescriptibles, la Sala I de la Cámara de Casación, por mayoría, resolvió que si bien los hechos investigados constituyen crímenes contra la humanidad, la condena al ex juez Martínez se encuentra parcialmente infundada y que en consecuencia corresponde el dictado de un nuevo pronunciamiento.
Argumentaron Hornos y Borinsky que debía realizarse un nuevo análisis de los hechos 1 (cinco homicidios) y 2 (una privación ilegítima de la libertad) con la calificación de asociación ilícita (hecho 3), que anularon, informó hoy el CIJ, sitio de noticias del Poder Judicial.
En minoría, la jueza Ana María Figueroa adhirió a la condena impuesta por el TOF por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento en concurso ideal (hecho 1), sobre la ejecución de cinco opositores políticos en 1976.
También respecto de los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y prevaricato en concurso ideal entre sí (hecho 2), cometidos en perjuicio de un perseguido político en el mismo año.
Figueroa "efectuó un minucioso análisis de las normas de facto, su falta de legitimidad y la superioridad de las normas constitucionales, del derecho de gentes y del derecho internacional de los Derechos Humanos", según el resumen del CIJ, que acompañó a la reproducción del fallo completo de la Sala I de la Cámara de Casación.
En 2015, el TOF de Tucumán condenado al ex juez Manlio Martínez por no investigar los cinco homicidios, garantizar de ese modo la impunidad de sus perpetradores y por participar en el secuestro de una persona que además fue torturada en centros clandestinos de detención.
