Esta normativa plantea que funcionarios públicos elegidos por votación popular no puedan tener recursos o bienes en esos países.Con una votación de 107 asambleistas que aprobaron desde las diversas bancadas se aceptó emitir la norma, con 18 votos en contra de los miembros del bloque CREO-Suma.
Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? Esa fue la pregunta que se planteó en la Consulta Popular el pasado 19 de febrero. El Ejecutivo, de forma inmediata, envió el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, para que se efectivice el mandato popular, que se pronunció por el sí en más del 55%.
El planteamiento por el que los ecuatorianos votaron establece que la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlas al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En un año plazo, contado a partir de la proclamación de los resultados de la consulta, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución.
Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, fue la ponente del proyecto. Hizo un análisis del contenido y aseguró que es inevitable ubicarse en hechos que deben ser repudiados por las sociedades de todo el mundo, pues se trata de una tragedia que sufren los países de renta media, en torno a lo que denominó “santuarios financieros”, como forma de refugio para dineros, muchas veces, mal habidos.
El narcotráfico, el tráfico de migrantes y órganos, no encuentran un mejor lugar que los países considerados paraísos fiscales y se pone en riesgo a negocios honestos, destruye el sistema fiscal e impide la correcta financiación de políticas públicas en beneficio de las mayorías”, recalcó.
La legisladora descartó que la ley persiga a empresarios o funcionarios honestos que depositan, de forma lícita, sus capitales en cualquier país del mundo, pero sí ratificó que se apunta a rastrear los dineros de origen ilícito y, en especial, a los funcionarios y servidores públicos que traicionan el encargo que les dio el pueblo.
Excepciones
La ley tiene algunas excepciones como, por ejemplo, para quienes deseen postularse a un cargo de elección popular y sean estudiantes o becarios en países considerados paraísos fiscales. Para asambleístas que tengan jurisdicción en el exterior no es ilegal tener una cuenta en el sistema financiero o bienes en paraísos fiscales, siempre que sean necesarios para el desarrollo de su misión o estudios. La Contraloría tendrá conocimiento del incumplimiento de la disposición de la ley y ordenará el examen especial para comprobar la infracción.
En lo que tiene que ver con los servidores públicos, se notificará el examen especial y, en 60 días, podrán ejercer derecho a la defensa, presentará las pruebas de descargo y, luego, se notificará la resolución a la Asamblea. Se incluye que, en el caso de los servidores públicos sujetos a control político por parte de la Asamblea (Presidente, Vicepresidente y asambleístas), adicionalmente a los procedimientos, pasará luego de la resolución de la Corte Constitucional, para que conozca, ratifique o archive el Pleno de la Asamblea Nacional.
“Esta ley nos lleva a un momento histórico en materia legislativa en Ecuador y es la forma adecuada de darle la cara, de manera frontal, a la corrupción. Es un proyecto de ley que hace viable el mandato popular”, insistió Marcela Aguiñaga.
El parlamentario Luis Fernando Torres se refirió a cambios dentro del artículo 9 del proyecto de ley, bajo el argumento de que se le darían demasiadas atribuciones a la Contraloría General del Estado.
Explicación del SRI
Manolo Rodas, subdirector del Servicio de Rentas Internas, explicó las relaciones entre los paraísos fiscales y las políticas tributarias en Ecuador. Con gráficos hizo notar que la estructura de planificación fiscal nociva en el mundo deriva de la falta de transparencia, lo que oculta transacciones y tramas de corrupción.
Además, aseguró que son nocivos porque permiten la concentración de la riqueza en pocas manos. “Si los dineros se van a los paraísos fiscales, se tributa menos en los estados donde se generan. Son 32 millones de personas en América y el Caribe que saldrían de la pobreza si no se evadieran impuestos, y 30 mil millones de dólares han salido de Ecuador, desde 1970, hacia países considerados paraísos fiscales”.
Dijo que este proyecto de ley recoge las mejores prácticas en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, y que es un paso enorme para evitar los mecanismos elusivos que se derivan de los paraísos fiscales. Durante el segundo debate hubo coincidencias, como el hecho de que Ecuador sienta un precedente al tratar un tema que no estuvo antes de 2007 en agenda.
Dato extra
Principales países considerados paraísos fiscales que tienen relación con Ecuador:
Panamá, Islas Vírgenes, Barbados, Islas Caimán, Bermuda, Luxemburgo, Bahamas y Belice.
Ecuador cita a 86 países que podrían considerarse como paraísos fiscales
