Mazzaferri está acusado de formar parte de una asociación ilícita y de secuestrar y torturar a ocho estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en la que se conoce como la "Noche del Mimeógrafo", y es el único acusado en este juicio, ya que estaba prófugo cuando otros dos represores imputados en la causa Harguindeguy fueron sentenciados en 2012, por los mismos crímenes.
Ante el Tribunal integrado por Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Sebastián Gallino, el abogado Guillermo Morales planteó que su defendido "ocupaba un cargo subalterno en la Policía Federal" por lo que entiende que debe aplicarse la ley de obediencia debida y punto final "ya que es una amnistía que le correspondería".
Asimismo, afirmó que no se produjo "un juzgamiento en un plazo razonable" por lo que solicitó la "extinción de la acción penal por prescripción, falta de acción, amnistía e insubsistencia de la acción penal".
Morales recordó el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como "2x1"), vigente hasta 2001 y luego derogada, que redujo el cómputo de la prisión al condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña a 13 años, ya que según el letrado "lo que debe otorgarse a todos no puede ser negado a algunos".
Por otro lado, el abogado defensor afirmó que las declaraciones de los sobrevivientes "son imprecisas e irreales", y cuestionó "la cobertura de los medios de comunicación" en el caso.
Finalmente, pidió la absolución ya que "las víctimas no denunciaron delitos ni bien salieron en libertad", y aseguró que "el bajo rango" que ocupaba su defendido "y la corta edad de Mazzaferri cuando sucedieron los hechos" deben ser causantes para "eximir de las acusaciones".
Por su parte, el querellante Marcelo Boeykens, dijo que estos argumentos "no son nuevos, son cuestiones que interponen los abogados de los represores" pero que "ya la Justicia argentina consideró reiteradamente que no corresponden para estos casos" y que "no hay vuelta atrás, porque también la sociedad argentina salió a las calles para decir que no a dar marcha atrás en estos juicios".
"Esto será nuevamente rechazado por el Tribunal Oral Federal de Paraná", ya que "las leyes de obediencia debida y punto final fueron derogadas y anuladas por el Congreso de la Nación y esto sostenido por la Corte, y existe una ley aprobada por el Congreso que prohíbe la aplicación del 2x1 en delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra", detalló.
En tanto, el fiscal José Ignacio Candioti señaló que "las supuestas inconsistencias en los relatos de las víctimas" y los hechos que cometió Mazzaferri "ya fueron comprobadas en la causa Harguindeguy, con fallo del Tribunal Oral Federal de Paraná confirmado en casación y finalmente dejado firme por la Corte, en una causa en la que no se lo juzgó porque se encontraba prófugo".
Mazzaferri "cometía y enseñaba a sus camaradas los actos crueles e inhumanos con técnicas conocidas como el submarino seco, la picana eléctrica, golpes, simulacros de fusilamiento, empalamientos y el mayor sufrimiento para las víctimas, que era obligarlos a presenciar torturas a otros", detalló.
El acusado "disfrutaba de torturar a adolescentes indefensos" y de cometer "con sadismo múltiples delitos en múltiples ocasiones", expresó Candioti, quien agregó que está imputado también por el delito de asociación ilícita, ya que integraba y dirigía en la represión "una patota de la Policía Federal de Concepción del Uruguay".
Mazzaferri, que hoy tiene 65 años, está acusado de torturar a ocho perseguidos políticos, como coautor en todos los casos y en seis de ellos "de propia mano", así como de realizar "allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad, agravadas por mediar violencia y amenazas y en tres casos por durar más de un mes".
El caso se conoce como la "Noche del Mimeográfo" porque los jóvenes fueron secuestrados por editar y repartir volantes en rechazo a la dictadura y en reclamo del boleto estudiantil gratuito, así como por reclamar continuidad de los centros de estudiantes, que habían sido prohibidos. La búsqueda del "mimeógrafo" utilizado fue el eje de los secuestros e interrogatorios bajo tortura.
El juicio oral, que comenzó el 6 de junio, finalizará el próximo 27 de julio, cuando el Tribunal dé a conocer la sentencia.
