El presidente de la Asamblea y titular del CAL, José Serrano, indicó que la decisión obedece a que el pedido no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución.
Explicó que de las 28 pruebas presentadas, la única que podría cumplir la causal para el llamamiento a juicio político del vicepresidente, “no tiene ninguna validez, ya que ha sido obtenida probablemente de manera ilegal y no puede constituir prueba alguna en el marco del debido proceso”, afirmó.
Gómez entregó como prueba un documento de 130 fojas simples sin certificación que corresponde a un laudo arbitral en los Estados Unidos.
El titular de la legislatura explicó que la víspera se solicitó a la empresa Caminosca, que certifique si el laudo arbitral es ejecutoriado y público. La empresa confirmó que el laudo está en apelación, no está ejecutoriado y es un documento reservado y confidencial.
