El fiscal federal Gonzalo Miranda reiteró el pedido de indagatoria de Juan Carlos Ibañez y de Melisa Aylén Almada, involucrados en un caso de trata de personas. El hombre es un empleado de la municipalidad que habría colaborado en la captación y traslado de mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en dos prostíbulos denominados “Bar Pool Juan” y “El manantial”. Además, está acusado de advertirle al dueño por posibles controles en los locales.
Para la fiscalía, existen elementos para establecer la “conexión existente entre el dueño de los locales, Martín Viñas e Ibañez, atento a que éste último es quien internamente, además de preavisar sobre los controles públicos llevados a cabo por la Municipalidad de Río Gallegos, facilitaba la gestión de la tramitación de los permisos y/o habilitaciones de los locales".
Asimismo, Ibañez “cumplía un rol fundamental en la organización, ya que además de ser quien se encargaba de facilitar los trámites administrativos precitados era quien proveía de los pasajes para trasladar a las víctimas hasta esta ciudad”, concluye el dictamen del fiscal Miranda.
Los allanamientos fueron solicitados el 22 de enero de 2016 y luego de eso se realizó el primer pedido de indagatoria de Ibañez y de los otros imputados. Sin embargo, el Tribunal no hizo lugar al pedido sobre el funcionario público y por eso ahora el fiscal volvió a pedir su indagatoria.
Por su parte, en junio de este año, el Juzgado Federal de Primera Instancia de esa ciudad procesó sin prisión preventiva a Martín Hernán Viña, el dueño de los prostíbulos denominados “Bar Pool Juan” y “El manantial”. Además, ordenó trabar el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.
Como resultado de los procedimientos realizados el 24 de enero de 2016, fueron rescatadas seis mujeres de “El manantial” y otras tres de “Bar Pool Juan”.
El caso
La investigación se originó a raíz de varias denuncias que luego se unificaron. En primer lugar, un parte informativo elaborado por la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas en donde se informó que en el “Bar Pool Juan” se estarían llevando a cabo conductas contrarias a la ley de trata y que se estarían trayendo mujeres desde las provincias de Santa Fe y Córdoba, con el fin de explotarlas sexualmente.
Por otro lado, luego de una llamada recibida a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate un denunciante anónimo relató que una joven oriunda de la ciudad de Santa Fe iba a trasladarse en un vuelo desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Rio Gallegos. Cuando fue interrogada por los motivos, la joven se mostró muy nerviosa y la denunciante sospechó que podría tratarse de una víctima de trata de personas. Luego, en octubre de 2016, se le recibió declaración testimonial a la joven y ahí admitió que se había trasladado con el fin de “trabajar con Martín Viña” en un local nocturno y que el hombre se había hecho cargo de su traslado.
A raíz de las tareas investigativas llevadas adelante, se pudo saber que el acusado ya contaba con la denuncia de otra mujer que había detallado que había sido víctima de explotación sexual en un local denominado “El Manantial”, ubicado también en la ciudad de Río Gallegos, donde había estado cautiva junto a otras seis mujeres. Agregó que el acusado les había pagado el pasaje, las había trasladado a un departamento donde las habría tenido encerradas durante todo el día y por la noche las trasladaba en camioneta hasta el boliche.
Una vez que todas estas denuncias fueron unificadas, el Tribunal dispuso las órdenes de allanamiento en ambos locales nocturnos y en la vivienda de los dos acusados, Ibañez y Viña.
Como resultado de los procedimientos realizados el 24 de enero de 2016, fueron rescatadas seis mujeres de “El manantial” y otras tres de “Bar Pool Juan”.
A partir de las declaraciones de las víctimas, el Tribunal consideró que se encuentra acreditado que Viña contactaba y captaba a sus víctimas, en su mayoría oriundas de las provincias de Santa Fe y Córdoba, las trasladaba y las recibía en una casa que alquilaba a esos fines para, finalmente, explotarlas sexualmente en los dos bares que eran de su propiedad. P
ara eso, contaba con la colaboración de su esposa, Melisa Aylén Almada y con la cooperación de un funcionario municipal (Ibañez), que lo ayudaba al momento de la captación de mujeres. Asimismo, lo advertía de futuros controles e inspecciones en los locales para que “haga desaparecer a las mujeres y las vuelva a llevar al local una vez finalizado el mismo”.
