Una vez que la Cámara baja la apruebe, la suspensión de la aplicación de la norma será por ese lapso a partir del 13 de noviembre de 2017. La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
La medida suspende por el término de la duración de la emergencia declarada el trámite de ejecución de sentencias de desalojo dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas. La aplicación de la ley fue suspendida en 2009, en 2013 y, si así lo determina Diputados, nuevamente este año.
Esta sesión del Senado fue seguida frente al Congreso por agrupaciones indigenistas y grupos de piqueteros, mientras que en el recinto de sesiones se encontraba la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas.
Una de las autoras del proyecto, la pampeana Norma Durango reclamó la aprobación de la prórroga porque su rechazo "dejaría a la intemperie a muchas comunidades indígenas".
Además, la senadora kirchnerista mencionó la desaparición de Santiago Maldonado dentro de la defensa de la prórroga, al recordar que se desconoce el paradero del joven luego de su supuesta participación en un piquete junto con un grupo de militantes del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la provincia de Chubut.
La senadora, también kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, unió además, en su intervención, la desaparición de Maldonado con "los intereses de los terratenientes que están amparados por el gobierno nacional" que "acentúa el conflicto en el territorio de los pueblos originarios".
La radical jujeña Silvia Giacoppo cuestionó que "si hubiese habido voluntad política de resolver este tema, en lugar de pronunciar discursos vacíos en un momento oportunamente político, al que se refieren con el caso Maldonado, no estaríamos pidiendo nueva prórroga". Además, la oficialista habló de "grupos violentos de la Patagonia" que se "embanderan con el pueblo mapuche, deshonrándolo". En ese sentido, cruzó a los kirchneristas recordando que la hoy ex presidenta Cristina Fernández "tuvo un año y medio a un grupo de aborígenes protestando en la 9 de Julio y no los recibió nunca".
Por su parte, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria Miguel Angel Pichetto argumentó que "la legitimidad del reclamo no puede ser llevada adelante con mecanismos de violencia" y agregó que "hay situaciones, especialmente en la zona de la cordillera, llevadas adelante por grupos identificados con violencia extrema que no reconoce el territorio nacional ni la justicia argentina". "Para mí, no hay tierra sagrada en la Argentina. Ni puede haber ningún espacio de tierra que no esté bajo la jurisdicción de la justicia o de las fuerzas de seguridad de la Argentina", sentenció Pichetto.
El (ex) oficialista senador radical Angel Rozas anticipó que Cambiemos acompañaría la prórroga por cuatro años y no por dos y medio, como pretendía el oficialismo.
"Vamos a acompañar los cuatro años. El gobierno quería dos años y medio porque en ese lapso se está en condiciones de terminar con los relevamientos catastrales", destacó el chaqueño.
El peronista chubutense Alfredo Luenzo cuestionó el accionar del sector más radicalizado de los Mapuche al decir que el resto "de la comunidad está muy lejos de reconocer como metodología de lucha a la violencia, lo que los pueblos reclaman son las tierras que les pertenecen".
La rionegrina de ARI Magdalena Odarda, presidenta de la comisión de Asuntos Indígenas del Parlamento indicó que la no aplicación de la prórroga provocaría que "más de mil comunidades indígenas que no terminaron el proceso de relevamiento queden despojadas de sus territorios".
El radical formoseño Luis Naidenoff evaluó que "no se hicieron las cosas bien ni de parte del Estado Nacional y de parte de los estados provinciales si a once años de aprobar la Ley se va a votar una prórroga".
Luego de asegurar que "muchos estados provinciales pusieron palos en la rueda" para realizar los relevamientos, Naidenoff preguntó "qué pasó con los treinta millones de pesos en partidas destinadas a llevar adelante el relevamiento".
El senador porteño Fernando "Pino" Solanas, reclamó "voluntad y buena fe para dar una solución definitiva para terminar con este conflicto que hace sangrar la tierra".
