¿Cuáles son los principales reclamos del movimiento campesino que llevaron a un paro masivo de varios días? ¿Llegaron a un acuerdo con el Gobierno?
Las principales razones que nos llevaron a movilizarnos a lo largo y ancho del país son, primero, la defensa del territorio de la presencia de las multinacionales y del capital nacional que hacen una extracción agresiva de los recursos naturales, dejando a las comunidades sin su posibilidad de subsistencia pero también atentando contra su autonomía, pasando por encima de las autoridades colectivas, de las formas organizativas y de las formas de pensamiento propias de las comunidades.
Por otro lado, el incumplimiento del Gobierno de los acuerdos que han sido firmados con estas comunidades campesinas. Desde hace muchos años, nos hemos venido movilizando por la mejora de las condiciones de vida, la salud, la educación, la soberanía alimentaria.
El Gobierno ha incumplido múltiples acuerdos firmados tanto con el movimiento social como con las insurgencias. En tercer lugar, el derecho a la vida, a la organización y la protesta social. Nos hemos movilizado para rechazar el asesinato de líderes y lideresas, la persecución y el señalamiento de los territorios.
También, para rechazar la judicialización. Hoy tenemos muchos líderes que están en las cárceles, cuyo único delito ha sido comprometerse con la defensa del territorio y de las comunidades.
En cuarto lugar, las garantías y los espacios para la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Pensamos que la paz sin la sociedad es una paz incompleta. Por lo tanto, nos hemos movilizado para exigir del Gobierno la voluntad política para que esa participación sea vinculante y decisoria.
¿Por qué la implementación de los acuerdos de paz se realiza de forma tan lenta? ¿Qué actores políticos los están frenando?
Históricamente, ha habido una falta de voluntad política del Gobierno para hacer cambios en el país. Un proceso de paz necesariamente significa hacer cambios hacia el pueblo colombiano, ceder privilegios en las prebendas que tienen quienes ostentan el poder económico y político.
Hoy hay un sector de la oligarquía colombiana que se opone a esos acuerdos porque se benefician del conflicto armado. Piensan que nuevos sujetos políticos, como son las FARC, van a entrar a competir por llegar a las instancias del poder y generar cambios que el país necesita, como la ampliación de la democracia y ceder espacios acumulados por la oligarquía.
Por otro lado, la implementación de los acuerdos también significa mayor acceso a la tierra por parte de la población colombiana. Eso implica que el acceso y la distribución de la tierra debe cambiar su forma organizativa, debe pensarse un nuevo ordenamiento territorial y no hay interés en ceder esos espacios. Por otro lado, el tema de los cultivos de uso ilícito. El acuerdo de paz plantea que debe haber una sustitución gradual.
El Gobierno está desarrollando las políticas como si no existieran los acuerdos, como si no se hubiera acordado que es con las comunidades con las que se debe hacer el proceso. Se está haciendo un proceso de erradicación forzada, en contra de las comunidades, sin garantía de que la gente tenga medios de subsistencia. Esto ha generado grandes movilizaciones porque la gente no se va a dejar quitar su medio de subsistencia hasta que el Gobierno no haya hecho una sustitución gradual y le haya facilitado otro.
El asesinato de líderes sociales va en aumento. ¿El Gobierno ofrece alguna garantía o medidas para que evitar más asesinatos?
Respecto al asesinato de líderes y lideresas sociales, de la persecución a las organizaciones sociales, judicialización y amenazas a hombres y mujeres comprometidos con la defensa del territorio, así como el ataque sistemático a la gente que está defendiendo hoy sus medios de subsistencia; el Gobierno no ofrece un compromiso concreto para el desmonte del militarismo, para frenar la acción de las fuerzas militares, que son los que están golpeando a la gente, más específicamente el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia).
Hoy hay un incremento de la presencia del militarismo en las regiones, con apoyo económico, político y militar de parte de la institucionalidad, y no hay un reconocimiento de su existencia por parte del Gobierno, eso hace que no se tenga el compromiso de desmontar las estructuras paramilitares que hoy se están fortaleciendo en los territorios. Lo que ofrece el Gobierno son estudios de riesgo que casi siempre dan que la gente no tiene peligro para la vida.
El Gobierno ofrece alertas tempranas que no previenen ni protegen a la gente. Entonces ha tocado que la misma gente, a través de la guardia indígena, la guardia campesina, la guardia cimarrona empiecen a ejercer el control territorial, con la dificultad que estos mecanismos de autoprotección no son reconocidas por el Estado y por lo tanto no hay ningún apoyo.
Hoy en Colombia no hay garantías para la participación en la construcción de la paz, para la permanencia en los territorios ni para buscar una subsistencia con tranquilidad, para tener una vida digna y seguir construyendo un país en paz.
¿Han sufrido represión por parte de la policía durante los días de paro?
Durante los días de la movilización y el paro, ha habido presencia permanente por parte del ESMAD. Siempre desembarcan apenas la gente está llegando al sitio de movilización, entonces ha habido varios enfrentamientos, personas heridas, detenidas.
En segundo lugar, hay cuerpos de inteligencia que se meten en medio de la movilización para tomar fotos, ubicar a los liderazgos de las movilizaciones.
Y en tercer lugar, el seguimiento que se hace a los líderes y lideresas con anterioridad, interceptaciones telefónicas, señalamiento por parte de las fuerzas militares en medios de comunicación, diciendo que se manejan explosivos, que hay personas de las insurgencias en la movilización, que hay planes para atacar a la fuerza pública.
No ha habido garantías a pesar de que la protesta social es un derecho constitucional, estos mecanismos de persecución, presión, estigmatización y poner a la gente en contra de quienes se movilizan es un mecanismo permanente y lo trabajan desde la inteligencia militar pero también de los medios de comunicación. También hay cooptación de personas de las comunidades para sacar información que generan conflicto dentro de las comunidades.
Por Nadia Luna, Nodal
