El próximo jueves 9 de noviembre se vence el plazo que estableció la Justicia para que el gobierno nacional reglamente la ley que fue aprobada y promulgada.
La ley 27.179 fue aprobada por la Cámara de Diputadosen en 2014, y por el Senado al año siguiente, perto aunque se promulgó, nunca fue reglamentada.
Los denunciantes iniciaron una acción de amparo en noviembre de 2016 ante el Tribunal Federal de Río Cuarto, que en su fallo ordenó que el Gobierno tenía 60 días para reglamentar la ley.
Aunque el Poder Ejecutivo Nacional apeló ese fallo, y el amparo se elevó entonces a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que el 9 de marzo pasado ratificó lo dicho por el Tribunal de Río Cuarto.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional presentó entonces un recurso extraordinario y la causa se elevó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte falló el 26 de junio y ratificó el fallo de la Cámara, explicaron los representantes legales de los damnificados.
Menem
En el otro reclamo de esta causa, Viqueira confió en que Menem pueda ser llevado a juicio oral, y remarcó que el ex presidente “en dos oportunidades fue procesado en primera instancia; en una se dictó falta de mérito, y en la otra sobreseimiento”.
En ese sentido, el abogado agregó: “Nosotros apelamos, fue a la Cámara de Casación Penal y este año le revisaron, le dejaron sin efecto el sobreseimiento y por lo tanto volvió a la Cámara Federal de Córdoba para que lo resuelva la opción de seguir con el sobreseimiento o indicarle al Tribunal de Río Cuarto que lo eleve para juicio oral, que es lo que nosotros esperamos”.
Sin embargo, el letrado consideró que “para el desafuero de Menem hoy por hoy, desde el punto de vista procesal, no hay todavía condiciones de pedirlo”.
Las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero se produjeron en la mañana del 3 de noviembre de 1995, provocaron la muerte de siete personas y resultaron heridas más de trescientas; decenas de casas quedaron en ruinas y otros cientos fueron seriamente dañadas.
Como consecuencia de los hechos, perdieron la vida Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.
En la causa fueron condenados cuatro jefes militareso, sobre quienes Viqueira reclamó que "lamentablemente no están detenidos, hace rato que vienen procesados, está confirmado su procesamiento e incluso están condenados, pero todavía están en libertad, excarcelados".
