Si bien es cierto que en las cárceles bonaerenses cada vez hay más presos. De acuerdo con datos oficiales, en mayo de 2016, en las 54 cárceles y las seis alcaidías departamentales del Servicio Penitenciario Bonaerense había 32.200 detenidos. En diciembre de 2016 ya sumaban 34.392, repartidos entre los penales, con 33.698; y las alcaidías, con 694. Sin embargo, en la actualidad el total de detenidos alcanzó los 37.157, con 36.353 en cárceles y 624 en las alcaidías, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y, de acuerdo a la Agencia Para la Libertad, hoy habitan el encierro 42 mil seres humanos.
Es decir, que la población de las cárceles aumentó, por lo menos, en 2.765 presos en apenas siete meses, cuando la tasa histórica de crecimiento era de 1.200 por año es lógico que nos encontremos sobre el fin de año con estos lugares de encierro totalmente saturados.
Además de la sobrepoblación y el hacinamiento, se evidencias graves violaciones a los derechos humanos. “Las denuncias por falta de acceso a la salud, las condiciones estructurales que producen padecimientos como hambre, frío, aislamiento y alimentación deficiente”, forman parte de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad.
La gran causa de la superpoblación carcelaria es culpa de la Justicia Bonaerense, dado que en los últimos años ha utilizado de manera indiscriminada la figura excepcional de la prisión preventiva, violando todo tipo de garantías constitucionales, en especial el principio de presunción de inocencia.
El 54% de la población carcelaria está procesada siendo el resto obviamente condenados, además y como dato alarmante entre los 25% y 30% de juicios orales resultan en sentencias absolutorias, desde ya que esto luego acarrea juicios contra la Provincia de Buenos Aires por el encarcelamiento preventivo. Si los señores jueces utilizarían otras medidas de cohesión tan o más eficaces que la prisión preventiva, como podría ser las tobilleras electrónicas, dicha emergencia superpoblacional estaría más que zanjada.
Entonces, el hacinamiento y las pésimas condiciones de detención se dan por una combinación letal entre los señores magistrados y las Autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, los primeros por el uso abusivo de una medida de cohesión excepcional, la cual es utilizada cada vez con más frecuencia ya que a simple vista parecería observarse que el Poder Judicial teme a la condena social, los segundos por ser ineficaces en el manejo y distribución tanto de las partidas presupuestarias como de los detenidos, para que entrar a detallar las cientos de denuncias que pesan sobre las espaldas de Directores de complejos y/o Jefes de Penales. Sin ir más lejos recordemos que el anterior Titular del SPB Dr. Fernando Díaz fue citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, por su desempeño como auditor general del Servicio Penitenciario Federal. Está investigado por irregularidades en el suministro de alimentos a los internos del Complejo Penitenciario Federal NOA, ubicado en la localidad de General Güemes. Se pregunta esta defensa, el Sr. Díaz está detenido? Se le ha dictado prisión preventiva? La respuesta es no, como debe ser goza del principio de inocencia.
A la fecha nos encontramos con una emergencia carcelaria de la cual siempre salen perjudicados los más débiles, o sea los procesados y/o condenados y como es lógico por prolongación de la pena sus familiares y amigos, gozando de total impunidad los agentes que los colocan en tal situación.
Estos traslados indiscriminados, sin aval judicial y totalmente arbitrarios también son sufridos por los abogados que ejercen su profesión en el fuero penal, pero así como los culpables de la superpoblación carcelaria son los señores jueces los culpables del manejo totalmente impune que efectúa el Servicio Penitenciario Bonaerense con los presos es culpa de los defensores particulares pasa a contar una vivencia ocurrida en estos últimos días.
Dado estos traslados el viernes hago bajar a comparecer mediante habeas corpus a un defendido, luego de la obligatoria audiencia con S.S. mi defendido es remitido a la Unidad N| 29 de la Localidad de Melchor Romero, lugar donde debería esperar su destino definitivo. El sábado por la mañana me presento en la unidad carcelaria para entrevistarlo ponerlo en conocimiento de la unidad a la cual sería dirigido y armar estrategias a seguir, pero ohhh sorpresa de manera muy despectiva y abusiva los guardias de la puerta de acceso me informaron que en esa unidad no ingresan los letrados ya que es una unidad de tránsito, o sea que tanto defensor como familiares mientras el preso se encuentre ahí pierden contacto con el mismo. Solicito hablar con el Director del penal y este me informa que por órdenes de Jefatura los profesionales no ingresaban, intente sin éxito exponer que tal disposición violentaba garantías constitucionales y que bajo ningún concepto ellos se podían arrogar semejante potestad. Al mismo tiempo que yo reclamaba por ingresar a la Unidad 29 había un colega que también solicitaba acceder a la Alcaldía Nro. 3, obviamente tampoco lo logro.
Luego, concluido el dialogo con personal del SPB me dirijo hasta el vehículo del colega y le expongo: No te retires no pueden prohibirnos el acceso, ahora me voy hasta La Plata e interpondré un recurso de habeas corpus, el colega con cara de asombro muy suelto de cuerpo me contestó: “ No deja, ya fue”. Esta respuesta me enojó sobre manera y le respondí “por letrados como vos estamos como estamos, el servicio se cree dueño de los presos y nosotros los defensores simples corderitos que acatamos lo que ellos dicen, no mi querido colega yo voy a hacer valer mis derechos y ellos deben saber cuáles son sus límites”.
Así, me dirigí hasta el Juzgado de Garantías de la Ciudad de La Plata en turno (Garantías 1 Dr. Atencio) y formulé de manera verbal un habeas corpus.
El juez no podía creer que el SPB se arrogue semejante potestad y luego de varios llamados telefónicos logró se me autorice el ingreso a la Unidad, demás está decir el trato dispensado hacia esta defensa técnica por parte de los Agentes Penitenciarios quienes minutos antes me habían prohibido el acceso. Siempre he sostenido que las autoridades Penitenciarias poseen tal impunidad para el trato hacia los letrados, jueces y detenidos porque todos en su conjunto se lo permitimos, si de a poco y cada cual desde su lugar traza una línea las cosas caminarían mucho mejor.
Si los Señores jueces castigarían los traslados indiscriminados y sin autorización judicial estos de seguro cesarían en cantidad, si los abogados defensores ampararían efectivamente los derechos de sus asistidos, los incompetentes miembros del SPB no cometieran tantos atropellos, torturas y violaciones.
Es por eso que queridos colegas reclamen lo que por ley nos corresponde, debemos entender que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad nos debe el mismo trato y deferencia que a los Señores Jueces, dejemos de ser funcionales a los poderes del estado y peleemos, reclámenos, hagamos valer la credencial y especialmente hagamos respetar los derechos y garantías de nuestros asistidos.
APL
