Rosselló Nevares firmó la Orden Ejecutiva 2017-076 mediante la cual se extendió el periodo de emergencia por seis meses adicionales, por lo que la ley quedará sin efecto el 30 de junio de 2018.
La Ley número 5-2017 otorgó un periodo de emergencia durante el cual el gobernador podía tomar medidas para garantizar la responsabilidad fiscal en el Gobierno de Puerto Rico y sus agencias. El periodo de emergencia original venció el 1 de mayo de 2017, pero fue extendido por tres meses adicionales.
Por su parte, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 46-2017 que, a su vez, enmendó la Ley 5-2017 para extender el periodo de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2017. Además, la enmienda le otorgó a Rosselló Nevares la potestad de extender el periodo de emergencia por términos de no más de seis meses mediante orden ejecutiva y mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) esté constituida.
El primer mandatario argumentó en la nueva orden ejecutiva que extendió el periodo de emergencia debido a la destrucción que el huracán María causó y que “provocó que la crisis fiscal continúe agravándose”.
La JSF ya le otorgó al Gobierno hasta el 10 de enero para entregar un nuevo borrador de plan fiscal, tanto para el gobierno central como para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec).
No obstante, Rosselló Nevares indicó en la orden que la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, ACT y la AEE “actualmente se encuentran en el proceso de restructuración de sus obligaciones, conforme al Título III de la Ley Promesa”.
Fue por estas razones, explicó el Gobernador, que resultó “indispensable” extender el periodo de emergencia “por un término adicional de seis meses, de tal forma que contemos con las herramientas necesarias para afrontar los retos fiscales que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico y sus agencias”.
