Maíllo ha considerado este lunes que la posibilidad de que el cesado presidente de la Generalitat sea investido por vía telemática supondría un “absurdo, un sinsentido y una barbaridad”, además de “surrealista”.
“Es tan surrealista como todo lo que se ha hecho últimamente, pretender hacer una investidura telemática es un absurdo y es reírse del conjunto de los ciudadanos”, ha opinado el coordinador general de los 'populares' en una rueda de prensa desde la sede nacional del Partido Popular (PP) la versión española del PRO, tras la reunión del primer Comité de Dirección de 2018.
Asimismo, ha recalcado que el Reglamento de la Cámara catalana no permite esta posibilidad y advertido de que si se modifica o interpreta infringiendo su propio articulado, “el PP estará muy atento” y recurrirá “a donde tenga que recurrir” para dejar sin efecto cualquier decisión que pretenda incumplir este ordenamiento.
Es tan surrealista como todo lo que se ha hecho últimamente, pretender hacer una investidura telemática es un absurdo y es reírse del conjunto de los ciudadanos”, ha opinado el coordinador general del Partido Popular de España, Fernando Martínez-Maíllo.
En otro momentos de sus declaraciones, ha señalado que si Puigdemont no vuelve a España es porque “no quiere”. El cesado presidente se encuentra en Bruselas (Bélgica) para evitar ser arrestado en España tras las declaración de independencia ilegal del Parlamento catalán. Desde allí sigue abogando por el independentismo y se considera aún presidente de Cataluña (noreste de España).
El partido de Puigdemont, junto a otros independentistas, consiguieron una mayoría suficiente en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Sin embargo, no tienen claro si harán una coalición y tampoco tienen una opinión definida sobre el regreso de Puigdemont.
Contra el expresidente y otros exfuncionarios pesan acusaciones de rebelión, sedición y malversación de fondos a raíz de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, que resultó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución española por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para disolver el Parlamento regional, cesar al Govern y convocar los comicios.
