“Se rechaza de manera expresa y rotunda la pretensión de incorporar en una posible reforma estatutaria el derecho de autodeterminación por ser una figura sin encaje posible en nuestro ordenamiento jurídico”, ha apostillado Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados sita en Madrid, la capital española.
Estas aclaraciones contundentes de la vicepresidenta española se producen luego de que la semana pasada, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), fuerza política gobernante en el País Vasco, presentara una propuesta para reformar su Estatuto de Autonomía (norma institucional básica de la región reconocida por la Constitución española) con el objetivo de incluir la posibilidad de ejercer el derecho a decidir sobre cuál debe ser su relación con el resto del Estado español.
Durante su intervención plenaria, Sáenz de Santamaría ha asegurado que esa propuesta es un elemento de enfrentamiento social entre los vascos que además genera incertidumbre económica tanto en esta región como en el resto del país europeo.
Se rechaza de manera expresa y rotunda la pretensión de incorporar en una posible reforma estatutaria el derecho de autodeterminación por ser una figura sin encaje posible en nuestro ordenamiento jurídico”, dice la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
La alta funcionaria del Partido Popular (PP), de este modo, ha respondido a una pregunta parlamentaria de Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos que este miércoles han proseguido con sus reproches mutuos, y en esta ocasión el argumento para ello ha sido la actitud que ambas formaciones mantienen ante el PNV.
Por su parte, Girauta ha subrayado, en su turno de réplicas a su interlocutor popular, que la formación naranja se opondrá a ese nuevo desafío vasco a la soberanía española y a la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Mientras esta petición nacionalista llega desde el norte, en Cataluña, otra región autonómica española, se vive una situación de limbo político, desde que la Generalitat catalana, presidido en su día por Carles Puigdemont, decidiera convocar y organizar un referéndum ilegal secesionista y con su posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI) respecto a Madrid, conllevando a la suspensión de autonomía regional por parte del Gobierno español, en aplicación de la Carta Magna.
