El ataque del gobierno nacional de Cambiemos a los discapacitados materializado en la baja de entre 100 mil y 180 mil pensiones "por error" -no enmendada en su totalidad- ahora sumó el capítulo del desguace del área del Estado que se dedica a ese sector social.
Es que ahora la administración de Mauricio Macri decidió echar a 60 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad, con la policía en la puerta del organismo informándoles las escuetas frases "no estás" o invocando la existencia de un "impedimento".
Tal como publicó Página 12, los empleados se enteraron de su despido en la puerta del organismo, a medida que la policía les impedía el ingreso al edificio donde hasta ayer desempeñaban sus tareas.
ATE Pensiones se declaró en estado de asamblea permanente y denunció la “persecución” contra los delegados cesanteados. Además, advirtió que la medida afectará las prestaciones del Estado.
“Los despidos ocurren en el marco del desguace del área y de una fuerte merma en la asignación de pensiones”, advirtió el sindicato a través de un comunicado, en el cual también denunció el “deterioro del sistema no contributivo”.
Walter Pignataro, delegado de ATE Pensiones, relató: “Durante la mañana, nos encontramos con un panorama triste y doloroso. Al llegar a nuestro lugar de trabajo, un enorme operativo policial, sin precedentes, y un listado que impedía el acceso de muchos compañeros”.
Los 60 echados no corresponden solamente a la sede porteña sino que se extienden a otras sedes, entre ellas, las de Córdoba, Neuquén, Mendoza y Ushuaia. De hecho, algunos de los trabajadores del conurbano bonaerense se enteraron de su despido a través de de los mensajes de sus compañeros porteños, porque ni siquiera fueron notificados.
"En Lujan hubo cuatro despidos y nosotras somos las tres únicas mujeres, trabajadores sociales, que prestamos función en la sede”, denunció en una entrevista a un medio local Silvia Moglie, quien advirtió que en esa localidad “los vecinos con problemáticas no podrán acceder a la pensión”.
El hecho ocurreun a un año de que el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley eliminara 180 mil pensiones, determinación que luego se vio obligada a revisar ante el escándalo público que produjo la filtración de la medida de ajuste. Lo cierto es que muchos de los afectados nunca volvieron a cobrar el beneficio, a pesar de los recursos presentados por la Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad (REDI), que se ganaron en todas las instancias.
