En un comunicado, la cámara catalana informó que Torrent se reunirá este miércoles y jueves en la ciudad suiza de Ginebra con miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de defender los derechos políticos de todos los diputados.
Además, denunciará lo que calificó de injerencias ilegítimas de España en la labor de la asamblea legislativa de esa comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes, bajo tutela del gobierno conservador de Mariano Rajoy desde hace seis meses.
El viaje tiene lugar una semana después que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena impidió al candidato a la presidencia de la Generalitat (autogobierno catalán), Jordi Sánchez, salir de la cárcel para acudir al pleno de su investidura.
Con su decisión, el magistrado que instruye en el TS la causa contra varios líderes separatistas prolongó la incertidumbre política en la región, que no logró nombrar a un gobernante tras las elecciones del 21 de diciembre.
Precisamente, Torrent centrará sus encuentros en la postura del Supremo, la cual, según su criterio, contravino una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que en marzo instó a Madrid a garantizar los derechos políticos de Sánchez.
El líder parlamentario acusó al gobierno de Rajoy y al juez Llarena de ignorar la medida cautelar, emitida por dos miembros de ese comité en su escrito de registro de la denuncia presentada por la defensa del aspirante a la Generalitat.
Los políticos separatistas, que revalidaron la mayoría absoluta en los comicios de diciembre, alegan que el ejecutivo español está utilizando los tribunales para 'escarmentar' a una parte importante del pueblo catalán, proclive a avanzar hacia un proceso de autodeterminación.
De los 25 dirigentes procesados por el magistrado instructor, 13 están acusados de los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por su papel en el referendo y ulterior declaración unilateral de independencia de Cataluña, aprobada en octubre de 2017.
Nueve de esos 13 se encuentran en prisión preventiva y cuatro en el exilio, entre ellos el depuesto mandatario catalán Carles Puigdemont, quien aguarda en Alemania su posible extradición en virtud de una euroorden emitida en marzo por el Supremo.
